El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 247 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones, el punto de acuerdo que exhorta al Presidente Felipe Calderón a separar de su cargo de forma temporal al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para el desahogo de las averiguaciones previas y los procedimientos administrativos que involucran a su esposa en una red de extorsionadores de gasolineros.
El diputado Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública, del Partido Verde, explicó que Gladis López Blanco, quien fungió como subprocuradora de la Procuraduría Federal del Consumidor, de 2006 a marzo de 2008, es acusada de realizar cobros ilegales y extorsiones por 50 mil pesos mensuales en gasolinerías del sureste del país.
Señaló que de acuerdo a la denuncia de integrantes de la Organización de Expendedores de Petróleo, que agrupa a 75% de las más de 9 mil 500 estaciones de servicio en todo el país, los cobros en conjunto rondan los 10 millones de pesos.
“Existe una averiguación previa y se investigan las cuentas mancomunadas, y ya se pidió la declaración de la señora. Seguramente se tendrá que pedir la del secretario, pero cómo se va a poder investigar si el secretario tiene en su poder esas declaraciones; lo conveniente es que renuncie temporalmente a su encargo mientras concluye la investigación”, dijo Escudero.
El legislador explicó que existe una presunta red de extorsión al interior de las oficinas de la Procuraduría Federal Consumidor, derivado de que en octubre de 2009, un grupo de gasolineros presentó una denuncia ante la Presidencia de la República y en las instalaciones de la PGR, en contra de la ex subprocuradora de la Profeco, la licenciada Gladis López Blanco, quien es la esposa del actual secretario de la Función Pública.
El diputado subrayó que llama la atención que pese a que la denuncia está dirigida contra López Blanco, sólo se encuentren privados de su libertad los ex servidores públicos Dante Gabriel Rubí Hidalgo, Gaspar Reyes Velázquez, Omar Alejandro López Antón, Arturo Corral Villegas, Gerardo Retana Chávez y Héctor Fernando Acosta Maldonado, verificadores que se encontraban bajo las órdenes de la subprocuradora.
Por el contrario, el ex vocero de la PGR Ricardo Nájera, mediante una carta, señaló que López Blanco no es investigada dentro de las averiguaciones previas que actualmente realiza la Procuradora, “lo cual es poco creíble”, comentó el legislador del PVEM.
A su vez, el diputado federal del PAN, Marcos Pérez Esquer, rechazó las acusaciones en contra del titular de la Función Pública y de su esposa, al señalar que las citadas acusaciones se hicieron cuando ella ya no era funcionaria de la Profeco.
“Las personas que sí están siendo procesadas fueron contratadas, algunas de ellas, antes de la entrada en funciones de la señora López y otras después de su salida de Profeco”, dijo en tribuna.
El panista declaró que estas acusaciones y el punto de acuerdo se inscriben en la coyuntura electoral de algunos legisladores de oposición: “Estamos categóricamente en contra de este ataque a un funcionario público que se ha caracterizado por un honesto desempeño en su función”.
Por su parte, el diputado del PRI César Augusto Santiago fue más allá y exigió juicio político para Vega Casillas. Además, pidió se revisaran los malos manejos en el ISSSTE, las irregularidades de la Estela de Luz, el Fideicomiso del Bicentenario, las reservas del IMSS invertidas en el rescate de empresas quebradas, y la liquidación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
“El país vive un clima de impunidad, esencialmente porque la autoridad encargada de evitar que la impunidad reine en este país es el primer delincuente impune”, aseveró.
Añadió que es urgente “un juicio político, porque apenas alcanzo a hacer una enumeración de los temas que ya fueron presentados en la Comisión Permanente, y que además que ya le entregamos en propia mano una serie de preguntas de las serias irregularidades que hay en distintos ámbitos de la administración pública, éste es el momento en que no se ha dignado a contestar una sola de ellas”.
El diputado del Partido del Trabajo Jaime Cárdenas Gracia se pronunció también a favor de un juicio político en contra de Vega Casillas y de un rediseño de la función del control interno en este país: “La Secretaría de la Función Pública, tal como está diseñada actualmente, no tiene razón de ser y lo que se tendría que fortalecer es a la Auditoría Superior de la Federación”, concluyó.
Bajo la lupa
Gladis López Blanco, esposa de Salvador Vega Casillas, el encargado de prevenir y castigar la corrupción en el gobierno federal, fue señalada como cabeza de una red de extorsión a gasolineros y operación con recursos de procedencia ilícita de acuerdo con un documento de inteligencia dado a conocer por 24 Horas el 25 de octubre pasado.
López Blanco se desempeñó como subprocuradora federal del Consumidor. La acusación señala que el matrimonio Vega-López adquirió un departamento en la colonia del Valle que pagó en efectivo y registró movimientos en su cuenta bancaria superiores a 3 millones de pesos, pero el funcionario afirmó que esa cantidad correspondía a un crédito hipotecario.