Actualmente en todos los estados de la República Mexicana existen leyes que protegen a la mujer de cualquier acto de violencia; en 23 de estas entidades existen leyes estatales de igualdad entre hombres y mujeres, según el Informe de México: Avances y desafíos en materia de derechos humanos.

 

El informe que realizó la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de consultas con otras dependencias federales e instituciones de protección a los derechos humanos, destaca que uno de los avances más importantes en la materia es la tipificación del feminicidio como delito en el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos y Tamaulipas.

 

Sin embargo, el estudio de la dependencia reconoce que todavía falta mucho por hacer para “armonizar” la legislación mexicana con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

 

Hasta el momento, Hidalgo, el Distrito Federal, Coahuila y Guerrero son los únicos cuya legislación está acorde con las leyes internacionales.

 

Otro avance que destaca el documento en el tema de derechos humanos es el reconocimiento de la violencia familiar como delito en 31 entidades, en tanto que 30 estados la consideran causal de divorcio.

 

De acuerdo con el informe, la violación sexual dentro del matrimonio es considerada como delito en 21 estados.

 

El documento también enumera las reformas al Código Penal del Distrito Federal para permitir la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

 

En contraste, dice el informe, en 19 estados se emprendieron reformas constitucionales para reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entre los que se encuentran Baja California, Chiapas, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

 

Uno de las buenas prácticas que se ha identificado en materia de combate a la violencia contra las mujeres, indica el documento, es la realizada por la Procuraduría General de Justicia de Campeche. En marzo de este año la dependencia otorgó facultades a los titulares del Ministerio Público para brindar auxilio policíaco de reacción inmediata en favor de la víctima, la desocupación del agresor del domicilio y la prohibición de ingresar a éste y molestar a la víctima o familiares de ella.