Coalición. Una palabra para agregar en nuestro pequeño block de notas en el que guardamos los trazos y dibujamos las coordenadas del acontecer político. Hace poco tiempo se levantaron las voces y se confrontaron las visiones. Por unos días la atención de la opinión pública se volcó sobre la idea de los gobiernos de coalición. Algunos intelectuales firmaron un manifiesto, los aspirantes a la candidatura presidencial se pronunciaron, prestigiados académicos contribuyeron con sus perspectivas comparadas o su análisis teórico, los líderes de opinión lo convirtieron en contenido de programas y artículos. Surge esta “nueva” iniciativa una vez que discutíamos ya, sin mucho éxito, nueve puntos de una reforma política que aún no ve la luz. Aquí la contribución de Contorno a esta resonancia.

 

Para alcanzar a comprender los temas, es necesario volver a ellos. Hacer recuentos, narrar una vez más la historia. Aprender su ritmo y tempo, darle seguimiento, rastrear las posiciones y los actores que forman parte de este complejo entramado que es la deliberación pública. La mirada en este par de textos se dirigirá hacia la génesis del debate, observará de cerca las distintas posturas para ofrecer un diagrama de su desarrollo. Voltea también  hacia otras latitudes para preguntarse cuál es la situación de los gobiernos de coalición en algunos de los países latinoamericanos y su actual funcionamiento. Óscar Espinosa Mijares

 

 

La discusión en torno a los gobiernos de coalición 

 

Un par de palabras se han posicionado en el centro de la opinión pública en el país: Gobiernos de coalición. Muchas declaraciones en torno a los mismos, posturas de actores que defienden o critican la iniciativa, mesas de debate en televisión, programas en radio, artículos periodísticos y columnas de opinión se han dedicado a ello la última semana. Cabría en ese panorama preguntarse de dónde surge en México esta discusión, qué antecedentes tiene y qué argumentos se utilizan para defender o desestimar una iniciativa como ésta.

 

El pasado 14 de septiembre el senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, presentó una iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Gobierno de Coalición, la cual busca crear mejores condiciones de gobernabilidad y una innovación institucional que lleve a actualizar la funcionalidad del Estado y del régimen de Gobierno que privilegie la cooperación política entre los partidos, el Congreso y el Ejecutivo.

 

La iniciativa se limita a dos propuestas concretas: que el presidente de la República tenga la facultad para designar a su gabinete y de proponer su programa de gobierno. Conforme esté dada la correlación de fuerzas políticas, éste podría optar por un gobierno de coalición teniendo como punto de partida políticas públicas acordadas con los partidos que le respalden. En este caso, sometería a la consideración del Senado la ratificación de los secretarios de despacho de forma independiente y por separado, y en caso de que alguno de los nombramientos no sea aceptado en dos ocasiones con aspirantes diferentes, el Ejecutivo estaría en condiciones de hacer el nombramiento en forma definitiva.

 

Por otro lado, se propone ampliar la capacidad de interlocución con las Cámaras, ya sea en forma directa o bien a través del secretario de Gobernación para la presentación de iniciativas, la comparecencia o respuesta a preguntas parlamentarias, previa invitación, solicitud o requerimiento de los legisladores. La reforma tendría impacto en los artículos 73, 76 y 89 del texto constitucional.

 

Esta propuesta de reforma pretende conciliar los distintos intereses de los actores sociales y políticos, sin embargo, surge en un contexto nada favorable para una amplia comprensión de sus alcances.

 

El pasado 10 de octubre se publica en dos diarios de circulación nacional el manifiesto “Por una Democracia Constitucional” firmado por 46 destacados intelectuales y políticos de todas las corrientes ideológicas quienes expresaron su decisión por “consolidar la democracia constitucional en México para dar respuesta a la exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad”.

 

En el manifiesto se reconoce la necesidad de un ejercicio de poder basado en la cooperación de todas las fuerzas políticas, las libertades de los gobernados y responsabilidades de los gobernantes, la importancia de un funcionamiento armonioso del Congreso y el gobierno, el diálogo e intercambio permanente entre el Congreso y el Ejecutivo. Por otro lado, se aspira alcanzar un sistema político que reconozca las diferencias y logre consensos, lograr una mayoría responsable en la Presidencia y en el Congreso a través de un gobierno de coalición con acuerdos programáticos, claros, controlables y aplicables entre quienes suscriban los compromisos.

 

En principio, una propuesta como ésta, enmarcada en una larga discusión de una reforma política truncada, genera mucho ruido en la opinión pública y se presta a cierta confusión dado el contexto político-electoral reciente. Mucho hemos escuchado hablar de alianzas o coaliciones electorales, regidas por la idea de ganar elecciones y ocupar espacios de poder mediante cuotas distribuidas según los resultados en las urnas, un claro ejemplo son las polémicas alrededor de las elecciones en el Estado de México, Puebla, Nayarit, Oaxaca, entre otras.

 

Atendamos entonces a algunos de los posicionamientos concretos en torno a la iniciativa. Desde el momento de la publicación del manifiesto surgen principalmente cuatro corrientes de opinión en respuesta: una encabezada por quienes lo firman y que conforme pasa el tiempo buscan precisar sus alcances, otra de quienes no la ven como una solución adecuada o bien con pocas posibilidades de instrumentarse a partir de la revisión de las experiencias nacionales e internacionales; una tercera, de aquellos que identifican cierto oportunismo por parte de algunos de los promotores; y por último, aquellos que expresan en primer momento un posicionamiento ambiguo y posteriormente precisan su opinión.

 

A favor de un gobierno de coalición están tres aspirantes a participar en la contienda presidencial: Marcelo Ebrard, Manlio Fabio Beltrones y Santiago Creel, acompañados por un grupo de intelectuales de gran prestigio. Para Ebrard la disyuntiva oscila entre reinstalar el viejo régimen del partido hegemónico o ir hacia adelante, con una coalición que dé mayoría en la Cámara y permita tomar las decisiones necesarias para el país. Beltrones enfatiza la necesidad de pasar del poder dividido al poder compartido lo que permitiría construir un nuevo pacto social que haga posible el futuro de México a través de un nuevo arreglo institucional. Para Santiago Creel nuestro país ha vivido desde 1997 la experiencia de un gobierno dividido y con una minoría política, factor que impide tomar decisiones conjuntas, de ahí la necesidad de un cambio radical.

 

Destaca desde esta perspectiva el afán didáctico que tiene el recién fallecido Miguel Ángel Granados Chapa, quien abordó el tema en la última columna que escribió, dejando en claro las diferencias entre un gobierno de coalición y las coaliciones electorales (Reforma, octubre 14, 2011); y el de María Amparo Casar: “el Presidente tendría el respaldo parlamentario para llevar a buen puerto su programa y dejaría en claro al ciudadano quién es el responsable del buen o mal desempeño del gobierno”, (Reforma, octubre 18, 2011).

 

Bajo una lógica distinta pero sin desaprobar la medida, Jorge Castañeda refirió que el desplegado era magnífico, aunque no lo hubiera firmado porque para él primero tendría que definirse el programa y luego el método, además de que no ve la necesidad de ningún cambio para ponerlo en marcha en la propuesta (Fórmula de la tarde, octubre 11, 2011). Por otra parte, evidenciando desconocimiento del tema, Ernesto Cordero afirmó que en caso de que se diera un gobierno de coalición llamaría a colaborar a Josefina Vázquez Mota y a Santiago Creel pero de ninguna manera a Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador ni a Marcelo Ebrard.

 

Hay también quienes se manifiesta en contra: López Obrador, en su acostumbrada posición radical, vuelve a declarar la necesidad de un cambio de régimen dado que en el actual “no se puede expresar nada nuevo.” Sería inviable desde su perspectiva una alianza o coalición con el PRI o el PAN. Para el secretario de Gobernación, Francisco Blake, la solución para generar coaliciones o agendas comunes sería más bien una segunda vuelta presidencial.

 

Entre quienes revisan las experiencias internacionales destacan las ideas de Jorge Carpizo, Isidro Cisneros y Diego Valadés. Carpizo destaca la necesidad de llegar a crear coaliciones de gobierno bajo el sistema presidencialista que se tiene en el país, sin embargo, rechaza que se tengan que hacer cambios en la Constitución, lo que hace falta es voluntad política y destacó que los políticos no conocen el significado de los gobiernos de coalición (El Financiero, octubre 18, 2011); Cisneros por otra parte reflexiona sobre la estabilidad de este tipo de gobiernos, ya que tienden a ser menos estables que los de un solo partido. Valadés, quien también es uno de los firmantes del desplegado, considera la necesidad de un cambio institucional que permita y auspicie la responsabilidad de los actores políticos y genere incentivos para la cooperación entre las fuerzas políticas del país, bajo esta idea se buscaría la institucionalización de figuras del sistema parlamentario como una alternativa para fortalecer el sistema presidencialista que se tiene en México (Zócalo, octubre 16, 2011).

Los analistas Octavio Rodríguez Araujo, John Ackerman y Leo Zuckermann ven cierto oportunismo político en la propuesta, destacan que la iniciativa responde más a los intereses coyunturales de Beltrones, Ebrard y Creel, que al verdadero hecho de querer cambiar el diseño constitucional.

 

Finalmente, aparecen quienes han defendido su posición sobre la marcha. Por un lado, Enrique Peña Nieto reconoce que la coalición de gobierno es una de las modalidades para lograr un respaldo mayoritario en la Cámara, sin embargo, se pronuncia por otras vías, como la cláusula de gobernabilidad o la propuesta más reciente de reducción de cien diputados plurinominales, otra alternativa para la construcción de mayorías legislativas. Josefina Vázquez Mota, por otro lado, dice estar dispuesta a explorar los gobiernos de coalición o a encontrar la forma de transitar a un régimen parlamentario.

 

Una de las cuestiones relevantes que un debate como éste supone es la creación de espacios para identificar las posibilidades reales de interlocución entre los actores políticos. El próximo presidente deberá romper con la ausencia de negociación y la falta de acuerdos, crear nuevas condiciones para que el Ejecutivo Federal no concentre la toma de decisiones en su arbitrio, sino en consensos respaldados por una mayoría. Se necesitará de un verdadero pacto entre todos los actores políticos, económicos y sociales que lleve a unificar los criterios necesarios para impulsar la construcción de un nuevo proyecto nacional.

 

 

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