La semana pasada, la atención política y mediática se concentró en las deliberaciones en la Cámara de Diputados para reformar y adicionar siete artículos constitucionales que buscan fomentar la competencia en los mercados de la televisión, radio, telefonía y transmisión de datos; mercados altamente concentrados en México.

 

Finalmente, en la madrugada del viernes pasado, los legisladores aprobaron estas reformas sin cambios sustanciales a aquellas que habían enviado el presidente Enrique Peña Nieto y los representantes de los tres mayores partidos políticos bajo el acuerdo del Pacto por México.

 

Ahora será el turno de los senadores para -en caso de ser aprobadas- enviarse para su discusión y aprobación en los congresos estatales antes de ser promulgadas. Posteriormente, los legisladores federales discutirán las diversas leyes secundarias que implementarán las reformas constitucionales aprobadas. Así que el camino que queda por delante para que estas reformas realmente incidan en los mercados aún es largo. Quizá un par de años.

 

Mientras ello ocurre, en las altas esferas políticas y empresariales los consumidores seguirán siendo los espectadores de siempre, pagando los altos costos de tener mercados fuertemente concentrados, producto del “capitalismo de cuates” que por décadas ha prevalecido en México, enriqueciendo a unos cuantos.

 

Hemos escuchado voces triunfalistas en estos últimos días acerca de los pretendidos resultados que se obtendrán con estas reformas. Pero aún no hemos visto -de legisladores, cámaras empresariales o del gobierno federal- estudios con cifras concretas sobre cuánto se reducirán los precios de los servicios telefónicos y del acceso a la banda ancha; cuánto mejorará la pésima calidad de los servicios de telecomunicaciones que hoy se tiene; cuál será la mejora en la calidad de los contenidos televisivos, o en qué medida se reducirán los abusos que cometen las empresas de televisión restringida.

 

Pregonar en estos momentos que los consumidores ya ganaron con estas reformas, responde más a ganancias privadas que al verdadero interés de los consumidores. Y es que las preguntas relevantes para los mexicanos que tienen contratado un teléfono fijo, un celular, un servicio de televisión por cable o el acceso a internet, siguen sin respuesta y no sabemos si, finalmente, tendrán respuestas puntuales.

 

Durante enero pasado, los precios de los servicios de telefonía celular se incrementaron 21.2%; en febrero, el alza fue de 27.9%, y en la primera quincena de marzo de 3.73%, según INEGI. Claro que durante diciembre pasado -por la temporada navideña- estos mismos servicios de telefonía celular bajaron 20% su precio.

 

Como se ve, los precios de estos servicios que han ganado peso en el consumo de las familias y que responden a mercados altamente concentrados, se mueven al capricho de sus escasos oferentes. Lo que aún no sabemos es si estas conductas oligopólicas se verán forzadas a cambiar con las leyes secundarias por implementarse.

 

Y no es pesimismo a secas. A más de una década de una mayor competencia bancaria y de promesas similares de mercado, las respuestas aún no llegan para los consumidores de los servicios financieros.

 

Por eso la calidad en la implementación de las anunciadas reformas en telecomunicaciones, especialmente en banda ancha, son cruciales para los beneficios que finalmente obtengan los consumidores.

 

Al fin, ésa será la verdadera medida del éxito.

 

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