La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deberá resolver el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Congreso del Estado de México, a fin de determinar si la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública es violatoria, o no, de los derechos humanos.

 

Luego del rechazo que generó la aprobación de la llamada “Ley Atenco”, promovida por el gobierno mexiquense, el mandatario estatal Eruviel Ávila Villegas solicitó a los diputados locales promover una acción de inconstitucionalidad para que sea el máximo órgano de impartición de justicia el que acredite la legalidad del nuevo ordenamiento.

 

“He solicitado a los diputados esta acción sometan o presenten esta acción de inconstitucionalidad, no porque considere que esta ley viola la constitución de ninguna manera, sino porque es la única vía, la constitución no contempla otra vía más que pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise la ley y ver si esta ley es respetuosa de los derechos humanos y si los argumentos que hemos vertido son como lo he afirmado correctos, el respeto a los derechos humanos es el eje rector de mi gobierno”, declaró Eruviel tras asistir a un evento en el municipio de Lerma.

 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también realizará un análisis a la nueva legislación que regula el uso de la fuerza pública, debido al rechazo manifestado por organizaciones defensoras de los derechos humanos.

 

Cabe mencionar que la Ley Atenco ha movilizado a más de 20 organizaciones de la sociedad civil que han exigido su revocación, al violatoria de los derechos a la vida, la libertad y a la libre manifestación y expresión.

 

Y es que en julio de este año entrará en vigor una ley que regula el uso de la fuerza en la entidad y permite que los elementos de seguridad pública disuelvan manifestaciones y protestas consideradas “ilegales”, incluso, usando armas letales de ser necesario.

 

La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México fue una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila, enviada en diciembre de 2015 al Congreso estatal, que la aprobó el 17 de marzo, mismo día que fue promulgada. El 18 de marzo se publicó en el periódico oficial de la entidad, a partir de ese día comenzó el periodo de 90 días hábiles para que comience a aplicarse.