La operación de parquímetros en la Ciudad de México ha sido blanco de múltiples quejas ciudadanas que han llegado hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF (TCADF). Durante la administración de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, la operación de los aparatos generó al menos 342 juicios de nulidad, que buscan cancelar las sanciones por el uso de los aparatos.

 

De acuerdo con una solicitud de información presentada por 24 HORAS, con número de folio 3500000000716, los recursos van en aumento. En diciembre de 2012 se presentaron cuatro juicios; 107, en 2013; y 77, en 2014. Respecto a los últimos meses, Yasmín Esquivel, titular del TCADF, informó que se registraron 148 en 2015 (92% más respecto a 2014) y 46 en lo que va de 2016, es decir, durante enero y febrero de este año ya se recibió una tercera parte respecto a los recursos recibidos en 2015.

 

La funcionaria aseveró que en las denuncias interpuestas por los automovilistas, 90% de los fallos son a favor de los ciudadanos. Y la mayoría buscan anular las sanciones correspondientes a la colocación de candados inmovilizadores de autos, conocidos como arañas, resultado de no pagar el monto debido en el parquímetro, así como cobros indebidos.

 

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El programa de parquímetros ecoParq, a cargo de la Autoridad del Espacio Público que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno capitalino, y que opera desde enero de 2012 en la Ciudad de México, tiene actualmente el control de 26 mil 674 cajones de estacionamiento, mediante mil 580 aparatos controlados por distintas empresas que cuentan con Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR).

 

La empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario opera en los polígonos Polanco, Anzures, Lomas-Virreyes y Roma-Hipódromo-Condesa; Movilidad y Parqueo tiene la instalación de parquímetros en las colonias Insurgentes Mixcoac, Crédito Constructor, Ciudad de los Deportes y Nochebuena, en la delegación Benito Juárez; Copemsa tiene Nápoles, Ampliación Nápoles, Extremadura Insurgentes y San José Insurgentes; mientras que Nueva Generación está en la colonia Florida.

 

Las compañías que operan los parquímetros obtienen permisos a 10 años prorrogables, además el esquema de repartición de los recursos es de 30% para las colonias y 70% para las operadoras. En el antiguo esquema, que actualmente funciona en las colonias Juárez y Cuauhtémoc, las concesiones se hacían a 30 años y se daba 16% de lo obtenido a las colonias, todo mediante un fideicomiso.

 

Sobre la asignación de recursos existe confusión respecto a lo que se quedan las empresas, pues la mayor parte del dinero es para el funcionamiento del programa sin que el Gobierno capitalino ponga un peso, aseveró Iván Texta, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF.

 

En una entrevista con 24 HORAS, el diputado local explicó que aunque la operadora se queda con 70% del dinero recaudado, 40% se destina para el mantenimiento de aparatos, cajones de estacionamiento y pago de personal, incluidos los policías.

 

“La empresa es la encargada de hacer todo: contratar al policía, a la gente que está checando los parquímetros, las máquinas, hacer los reportes de mantenimiento de los cajones y ahí no hay un gasto del gobierno ni de los vecinos. La empresa se hace cargo del gasto y lo que hace el gobierno es regular el procedimiento.

 

“Cuando le quitas todos los gastos a la empresa, ésta tiene un beneficio como del 30%, igual al que se aporta a las zonas en obras”, dijo.

 

Analizan cambios al programa

 

Uno de los conflictos para que la recaudación de los parquímetros se traduzca en obras concretas para las colonias es la falta de acuerdo con los comités vecinales para decidir en qué se gastarán los recursos. Es en esta etapa donde la falta de consenso, hace que exista un retraso en las obras de mejora, a decir del legislador Iván Texta.

 

El diputado señaló que en los trabajos correspondientes al 30% de lo recaudado no se deben considerar obras de bacheo o reencarpetado, pues eso le corresponde a las delegaciones y significaría un gasto doble. Los recursos tampoco pueden trasladarse a otras zonas, debido a que parte del acuerdo para que los vecinos permitieran la instalación de los dispositivos fue que el dinero se quedara en las colonias.

 

Por tal razón, una de las medidas que se analiza en la revisión que hacen legisladores del programa es ampliar el catálogo de obras que se pueden hacer con recursos de parquímetros. Asimismo, se buscará que el presupuesto se maneje por comité ciudadano y no por zona.

 

“Hay 100 millones de pesos para proyectos en las colonias, donde lo único que falta es que los aprueben los comités. La delegación y la Autoridad del Espacio Público no tienen problema en ejercer los recursos, el asunto se queda trabado en los comités, ese ha sido el problema”, afirmó.