Hace ya varios años, en una reunión informal le pregunté al entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, si elaboraba personalmente su declaración anual de impuestos. Me confesó que, como muchos en México, no lo hacía, sino que dejaba esos complejos asuntos en manos de su contador.
Por alguna razón intuía que uno de los economistas que más sabe de política tributaria en México me daría una respuesta así. Y supongo que no se trataba sólo de falta de tiempo -cuestión razonable en un funcionario público de alto nivel con tantas ocupaciones de por medio- sino también del alto grado de complejidad técnica producto de los “parches” legales y fiscales acumulados a lo largo de los años, que han hecho de una simple declaración fiscal, una verdadera “ciencia” en México.
Traigo el tema a cuento porque los contribuyentes -personas físicas- tendrán que presentar sus declaraciones fiscales correspondientes a 2012, este mismo mes, y tanto el Sistema de Administración Tributaria, SAT, como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, ya comenzaron sus campañas mediáticas para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con su responsabilidad tributaria. Menudo lío.
Por años, en México nos hemos acostumbrado, en la relación ciudadanos-gobiernos, a que son los ciudadanos quienes deben cargar con la responsabilidad, liberando de ésta al prestador de los servicios públicos, en este caso al recaudador. Un ejemplo claro de ello es la tributación.
La complejidad que hoy se tiene en México en la declaración de los impuestos es asunto de los gobiernos, no de los contribuyentes, quienes no tendrían por qué pagar los servicios de un contador público para cumplir con esta obligación.
Podría decirse que el SAT provee de ayudas en línea y a través de sus oficinas para hacer más fácil el cumplimiento de la obligación a los contribuyentes. Pero la realidad es muy distinta. A la cita, que debe programarse con antelación, le sigue una asesoría de 15 o 20 minutos que no acaba por resolver las dudas de un contribuyente promedio, con las consecuencias esperadas de una declaración mal hecha ante la autoridad tributaria.
El martes pasado los diputados aprobaron reformas a los artículos 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para impulsar los derechos de los contribuyentes y la simplificación tributaria. Ahora estas modificaciones legales tendrán que ser aprobadas por el Senado.
Es un paso adelante. La adición al Artículo 2 que refiero establece el “derecho a contar con una administración tributaria que fomente el principio de simplificación en la política, legislación y gestión tributaria”, y en el Artículo 40 de la LFPRH también se añade un párrafo similar.
Sin duda que son avances. Pero aún hay mucho más que hacer en esta relación contribuyente-Estado que claramente sigue siendo muy desigual en detrimento del contribuyente.
Para el ciudadano de a pie, una de las medidas de éxito o fracaso de la tan anunciada reforma fiscal que viene será la simplificación en el pago de los impuestos y el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes. Ya veremos.
samuel@arenapublica.com | @SamuelGarciaCOM | www.samuelgarcia.com
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