La reacción furibunda de la Presidencia de la República ante la denuncia colectiva que interpusieron 23 mil mexicanos en la Corte Penal Internacional, habla de qué tan sensible resulta el tema del enjuiciamiento a las acciones del presidente Felipe Calderón. Como si el asunto los hubiera tomado por sorpresa, cuando la denuncia llevaba meses fraguándose, en Los Pinos no solo descalificaron los señalamientos hechos al mandatario, cosa que se entiende, sino que amagaron a los denunciantes con un desafortunado tono de amenaza.

 

“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes. Constituyen verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente”, dijo Presidencia en su primer comunicado, que luego tuvo que ser precisado por la vocera Alejandra Sota, quien ayer aclaró que no habrá denuncias o acciones legales contra los que denunciaron, sino una defensa de los funcionarios e instituciones acusadas.

 

“El presidente tiene no solo el derecho de defender su libertad y su honor, sino también el derecho de defender a las instituciones en foros nacionales o internacionales… Pero en ningún momento se trata de acusar de manera infundada a personas que han hecho uso de su libre ejercicio de disentir con la estrategia del gobierno federal”, puntualizó la vocera de Los Pinos.

 

El derecho de defenderse de los graves señalamientos que le hicieron esos 23 mil mexicanos por supuesto que lo tiene el presidente, como los denunciantes tienen también garantizada su libertad para denunciar. El tono usado en un principio por la Presidencia y matizado ayer por la vocera, sonaba a cierto autoritarismo de quien cree que pensar distinto o denunciar algo con lo que no se está de acuerdo es traicionar o atacar a su país. Si en Los Pinos respetan el derecho a la disidencia y ponderan el suyo a defenderse, que dejen que la denuncia ante la Corte Penal se resuelva ahí, por los jueces y tribunales que le dieron entrada y que serán quienes digan si tienen o no razón quienes creen que el gobierno y el presidente mexicanos han contribuido a los crímenes de lessa humanidad que, afirman, se han cometido en México en este sexenio.

 

Que se serenen los ánimos y cada quien haga valer su derecho, pero sin descalificaciones ni amenazas.

 

Hace unos meses, en febrero de este año, el periodista Roberto Rock le preguntó en una entrevista a Calderón a propósito de los jucios: “Una vez que haya concluido su gestión, ¿cómo considera que será recordado por los mexicanos?”. La respuesta del presidente parecía no ver en el horizonte lo que hoy ocurre con la denuncia en su contra: “Es muy difícil, muy difícil. Yo quisiera ser recordado como un presidente que transformó a México, un presidente que pudo iniciar un punto de inflexión en muchas cosas, un presidente que logró la cobertura universal de salud… en fin, o un presidente comprometido con el medio ambiente, que es mi tema favorito. Pero sé también que uno no debe medir sus acciones por la capacidad de ser recordado; hay que hacer lo que se debe hacer. Hay que tener presente que la política es miope y la historia es tremendamente injusta. El único juicio al que aspiramos y que mostrará objetividad es el juicio que tendremos al concluir nuestras vidas; es el único juicio al que hay que atenernos”.

 

Tal vez no sea el único juicio al que tendrá que atenerse.

 

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