Basarse en un argumento científico pareciera ser la mejor manera de probar un razonamiento. Ponerle a una afirmación, cualquiera, la frase “según un estudio científico” y la discusión casi se ganó.

 

Este es el argumento que utilizan las grandes empresas en México para pasar los productos más dañinos y permitir colarlos en las leyes o disminuir el efecto adverso de las leyes en su contra, advirtió el científico estadunidense Michael Halpern, quien mañana dará una ponencia en el Congreso Internacional de Salud Pública que inaugurará la secretaria de Salud, Mercedes Juan López.

 

Que el azúcar no engorda, el calentamiento global no existe y el fracking (técnica de extracción del gas shell) no es contaminante son los razonamientos que utilizan las empresas, basados en argumentos científicos, para promover sus intereses y buscar la aprobación de leyes a modo en los países.

 

La trampa es caer en estos argumentos que deforman experimentos o principios científicos para decir, por ejemplo, que es saludable consumir refresco porque aporta una parte del azúcar “requerida” por el cuerpo humano al día o que no determina específicamente en qué consiste la característica light de los alimentos dietéticos.

 

En México, por ejemplo, consiguieron pasar sus medidas de etiquetado de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a través de la Comisión Federal de Regulación y Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que tomó en cuenta el EU Pledge, un estatuto de autorregulación firmado por empresas como Coca-Cola y Nestlé para la Unión Europea (UE), como base para proponer el etiquetado que actualmente funciona.

 

“Se trata de informes científicos que son encargados por las mismas empresas  para sembrar dudas sobre la validez y la calidad de las críticas. Las empresas buscan tener influencia sobre científicos reconocidos y confiables, tener acceso a los médicos y llegar a nutriólogos”, señaló en conferencia de prensa.

 

¿Cuáles son sus estrategias?

 

Fabricar respuestas expresas para llevar temas al debate, retrasar la publicación de estudios, “cabildear” en los congresos para posponer la aprobación de leyes perjudiciales o promover congresos y encuentros científicos patrocinados por las empresas, financiar estudios “independientes” para influenciar en la creación y aplicación de las leyes son algunas de las estrategias que aplican las empresas.

 

“La industria gasta 6,900 pesos en publicidad al año para promover las propiedades buenas del azúcar. En México, los etiquetados de los productos son confusos y no permiten que el consumidor tome decisiones adecuadas”, mencionó.  DM