La reforma a la Ley orgánica de la administración pública federal, que contempla la ratificación por parte del Senado tanto del comisionado Nacional de Seguridad como del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue aprobada en la Cámara de Diputados y se envió al Ejecutivo para su publicación.

 

El pleno de la Cámara Baja avaló con 423 votos a favor, 38 en contra y cuatro abstenciones, la reforma que propuso el presidente Peña Nieto al Poder Legislativo a través de las bancadas del Revolucionario Institucional (PRI).

 

A pesar de haberse aprobado en lo general y particular por ambas cámaras legislativas, la fracción del PRI en San Lázaro interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada con la intención de quitarle al Senado la facultad de ratificar los altos mandos policiacos y para que el secretario de Gobernación no comparezca cada seis meses ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

 

Las modificaciones a la Ley orgánica también establecen la desaparición de las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública (SFP), otorgándole así nuevas atribuciones a las de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social y Reforma Agraria, así como a la Oficina de la Presidencia.

 

Durante los posicionamientos de los legisladores, el diputado Héctor Gutiérrez De la Garza del PRI, anotó que si bien apoyarán la minuta, rechazan otorgar atribuciones al Poder Legislativo “que no compartimos” y que son competencia exclusiva del Ejecutivo, hasta en tanto no lo establezca la propia Constitución, de ahí que interpondrán una acción jurídica.

 

Mientras que por el PAN, la diputada Elizabeth Yáñez apuntó que las modificaciones hechas por el Senado garantizan los contrapesos dado que “esta Cámara” debe velar por los principios básicos de preservación del orden en los Poderes de la Unión, entre ellos el Ejecutivo y subrayó que su partido se opone a la “desaparición” de la SFP.

 

Por el PRD, Lizbeth Rosas sostuvo que las 16 modificaciones son pertinentes, relevantes y socialmente correctas, ya que representan un freno a una propuesta desmedida de concentración de poder en unas cuantas secretarías. “Votaremos en conciencia y en mayoría porque creemos en el equilibrio de poderes, en la rendición de cuentas y en la transparencia”.

 

A su vez, Ricardo Monreal, de Movimiento Ciudadano, agregó que “es grave lo que está pasando”, ya que no se puede aprobarse una ley que establezca la ratificación de funcionarios públicos sin que se haya modificado la Constitución; “si se aprueba puede dar origen a una acción de inconstitucionalidad”, advirtió.