El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que obliga al Estado mexicano a ‘blindar’ la privacidad de los ciudadanos para evitar que gobiernos, empresas, instituciones bancarias y sitios de internet, entre otros, tengan acceso a estas bases de datos sin autorización del interesado.

 

También se crea el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tendrá como función coordinar y evaluar las acciones relativas a las políticas públicas transversales en materia de protección de datos.

 

En la votación general se registraron 318 votos a favor; 77, en contra, y 34 abstenciones. La fracción de Morena inscribió 36 reservas, pero no logró cambiar el dictamen. El proyecto de ley se turnó al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

 

Sanciones

 

La normatividad permite a los ciudadanos inconformarse ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) cuando los llamados sujetos obligados no resguarden correctamente su información e incluye sanciones como la amonestación pública y multas económicas que van de 10 mil 956 pesos hasta 109 mil 560 pesos.

 

Además, las autoridades están obligadas a elaborar una bitácora de las “vulneraciones” que se registren, diseñar una estrategia de control y la lista de acciones correctivas instrumentadas inmediatamente después de la violación a esta ley. Y los usuarios podrán solicitar la “cancelación” de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable.

 

“El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no se altere la veracidad de éstos”, refiere el ordenamiento.

 

Los derechos denominados ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales) será gratuito, y sólo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío.