La premura y desorganización que se vieron en el primer día de la consulta sobre el destino del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México dieron la razón a sus opositores.

El ejercicio no sólo no es constitucional, sino que demostró ser lo bastante malhecho como para que varios ejercicios periodísticos exhibieran su vulnerabilidad.

Se podía votar varias veces porque la aplicación que supuestamente se creó para evitarlo nomás no funcionó y la tinta presuntamente indeleble desaparecía a la menor provocación del agua y el jabón.

Las fallas anteriores –y otras más- ni siquiera pueden ser justificables.

La consulta se anunció desde el 2 de julio pasado y era para que casi cuatro meses después el ejercicio fuera impecable.

Pero la improvisación, el querer ahorrar en un evento que es vital para la credibilidad del futuro Gobierno, la desorganización y los pleitos internos mostraron a unos futuros funcionarios amateurs en un tema en el que debieron salir como auténticos profesionales.

El futuro vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que las fallas del proceso “no anulan su credibilidad’’, lo cual es una mentira.
Si una persona puede votar más de cuatro veces, ¿qué credibilidad tiene la consulta? Ni siquiera las boletas estaban foliadas para darle mayor seguridad al ejercicio.

Como sea, y sea cual fuere el resultado, Andrés Manuel López Obrador tiene en sus manos la justificación política –que no legal- para inclinarse por cualquiera de las tres opciones: Texcoco, Santa Lucía o el mantenimiento mayor al actual aeropuerto de la Ciudad de México y al de Toluca.
Y de paso, el tabasqueño tendrá el pretexto ideal para convocar a otras consultas –con suerte esta vez sí apegadas a la Constitución- sin que nadie las pueda cuestionar.

López Obrador será el único ganador de la consulta.
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Poco se ha volteado a ver al nuevo Congreso de la Ciudad de México, dominado por Morena.

La oposición es sólo testimonial, y por ello, los diputados de Morena pueden hacer casi lo que quieran.
Ayer presentaron un punto de acuerdo en el “exhortan’’ al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, “a respetar el artículo 35 de la Constitución local’’ y evitar que el actual presidente del Tribunal se reelija.

Según el diputado de Morena, Eduardo Santillán, esto no es una intromisión del Poder Legislativo a asuntos que corresponden al Poder Judicial.
Pero sucede que la Ley Orgánica del Tribunal, reformada el año pasado, y que impide la reelección entra en vigor el 1 de junio de 2019, por lo que el actual presidente asegura que sí se puede reelegir.

El asunto va con una controversia que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguramente.
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El último día de este mes vence el plazo para que el Ejecutivo publique como decreto la Ley de Remuneración de los Servidores Públicos, que establece que ningún empleado de Gobierno puede ganar más que el Presidente de la República.

Enrique Peña Nieto no lo ha publicado y parece que no lo hará, por lo que, una vez vencido el plazo que se concede al Ejecutivo, la ley podría ser publicada por el presidente del Senado, que en este caso sería Martí Batres, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución en su inciso B.
¿Y usted cree que Batres dejará pasar ese balón para captar los reflectores?

¡Si casi ni le gusta!