Los maestros se agarran a sillazos en los Foros de Consulta sobre Educación, las víctimas de la violencia rechazan los planes de amnistía del Gobierno entrante y revientan los Foros por la Pacificación. Y los macheteros de Atenco blanden sus armas blancas y advierten a la siguiente administración que no van a aceptar el aeropuerto en los terrenos federales de Texcoco.

Todos estos conflictos son autoinfringidos por el propio equipo del Presidente entrante y tienen que ver con esa frontera tan difícil de cruzar entre lo que se promete en una eterna campaña y lo que realmente se puede hacer al momento de asumir el poder.

Los temas de seguridad y educación serán, sin duda, los que primero tendrá que atender Andrés Manuel López Obrador cuando asuma el poder el 1 de diciembre. Pero a los machetes de Atenco tendrá que enfrentarse en menos de 20 días.

Es deporte nacional tomar un tema de discusión específico, torcerlo y hacer de eso una bandera. Justo eso están haciendo los grupos violentos con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Como en nada les afecta la construcción, su nueva lucha es supuestamente por la ecología. Y como el Gobierno entrante abrió la puerta a una discusión que es técnica y ya estaba superada, ahora tiene que lidiar con estos grupos de presión que han encontrado el pretexto perfecto para conseguir algo del Gobierno entrante.

Tiene el Presidente electo menos de 20 días para armar la famosa consulta, encuesta, o lo que sea que tenga en mente, para justificar la decisión que haya tomado respecto al futuro del nuevo aeropuerto.

Pero hoy está claro que, hasta los expertos de la UNAM, en los que algunos de los apoyadores del proyecto de Santa Lucía de Riobóo se recargaban, claramente marcan la opción de Texcoco como la única viable para un proyecto como ése.

Cancelar la construcción del NAIM sería un error financiero de alto costo para todo el sexenio de López Obrador, pero darle cabida al sentido común y señalar lo inviable que es la alternativa de Santa Lucía daría pretextos a los grupos violentos para complicarle las cosas al Presidente entrante.
Y más cuando futuros funcionarios del gobierno de López Obrador fueron a darle coba a estos sujetos, sin percatarse del balazo en el pie que se estaban metiendo.

Tiene, pues, el gobierno de López Obrador lo que resta de octubre para tratar de resolver el entuerto de la construcción del nuevo aeropuerto. Y tiene que hacerlo con el menor costo posible.

Porque es un hecho que gratis no será. Con alguien va a quedar mal y a alguien deberá pagarle la factura correspondiente. Ya sea a los mercados financieros con una buena dosis de desconfianza o a los grupos que hicieron de la defensa de la opción de Santa Lucía una especie de bandera de la izquierda más contestataria del país.

La construcción del nuevo aeropuerto se transformó en un asunto ideológico, del que algunos grupos van a sacar provecho y del que el único perdedor será el gobierno de López Obrador.