El próximo 26 de este mes se cumplirán cuatro años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sin que se tenga la certeza de lo que pasó realmente con ellos.

Este caso sumado al de la famosa Casa Blanca fueron dos sucesos que marcarán la administración de Enrique Peña Nieto por los siglos.

El Gobierno federal tardó en reaccionar a la desaparición; dejó en manos del Gobierno local la investigación, y tras varios días aciagos decidió intervenir.

Demasiado tarde.

El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, encabezó las investigaciones que luego de varias semanas concluyó con la llamada “verdad histórica’’: los 43 fueron asesinados e incinerados.

Y aunque la versión oficial tiene su lógica, los padres de los desaparecidos se han negado a aceptarla, fundamentalmente por la opinión de organismos extranjeros y especialistas que dicen que “es imposible’’ que se puedan calcinar 43 cuerpos de la forma en la que declararon una veintena de detenidos.

La solución del caso recaerá pues en la gestión de Andrés Manuel López Obrador y del fiscal general que él mismo seleccionará.

¿Cuál debe ser el perfil del funcionario lopezobradorista que deshaga el entuerto?
El Presidente electo propuso en enero para ocupar el cargo a Eva Verónica de Gyves, a Juan González Alcántara y Bernardo Bátiz.

La primera es magistrada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; González Alcántara ha sido magistrado y presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura y Bátiz fue procurador de Justicia del DF durante la administración de López Obrador.

Aunque el proceso constitucional para la elección del fiscal general establece que será el Senado el que elabore una lista de 10 candidatos, López Obrador libra una batalla con las ONG especializadas en seguridad para imponer a su terna.

Uno de ellos será el fiscal general, y sobre él o ella recaerá la enorme tarea de no decepcionar a los padres de los 43 normalistas, que le apostaron todo a Morena para resolver, por fin, el caso.

Y Morena, que ni siquiera ha tomado posesión del Gobierno, ya tiene el tiempo encima.

****

Morena se estrenará este día en la Cámara de Diputados con la presentación de una iniciativa –oootraaa- para abolir el fuero constitucional.

El encargado de presentarla será Pablo Gómez, un colmilludo legislador que promete que la iniciativa sí abarcará al Presidente de la República.

Nomás que hay que decirle que en la Cámara de Senadores descansa –en paz- una iniciativa igual, que no prosperó porque el PRI se opuso a que el Jefe del Poder Ejecutivo también quedara sin fuero.

¿Qué será más rápido? ¿Que Morena en el Senado destrabe esa iniciativa aprovechando su mayoría aplastante o comenzar otrooo proceso legislativo que puede tardar meses o años para concretarse?
¿No será que nomás quieren ganar tiempo?

****

El polémico Santiago Nieto Castillo será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Nieto fue aquel ex fiscal especial para Delitos Electorales que denunció haber sido destituido por el hoy encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, cuando estaba a punto de concluir que los sobornos de la brasileña Odebrecht fueron a parar a la campaña de Peña.

Incluso denunció después que un funcionario de Gobernación había tratado de comprar su silencio.
Ahora, desde esta importante posición, tendrá la oportunidad de comprobar (o rectificar) su muy vendible tesis.