De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la manutención de un recluso de las cárceles con inversión pública-privada (APPs) cuesta mil pesos diarios, mientras que en las cárceles totalmente administradas por el Estado cuestan 150 pesos al día, lo que significa que en los centros privados se gasta casi seis veces más.

 

“En un centro estatal el gasto diario es de 150 pesos por interno, en un centro privado sobre mil pesos. Esta cantidad se determina por tema llamado ‘Socorro de ley’ que es la cantidad que paga por el interno, y otro dato que es el dinero que se paga por el manejo total del centro y se divide por el número total de internos que hay en el centro” dijo la tercera visitadora de la CNDH, Ruth Villanueva.

 

La funcionaria explicó que estas estimaciones son sólo para los llamados gastos directos, que son comida, ropa y artículos de primera necesidad de los internos; otros gastos como agua, luz o seguridad no están incluidos.

 

Por otra parte, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión penitenciaria 2015 de la y el Informe Privatización del Sistema Penitenciario en México, las cárceles administradas por empresas, cumplen con el promedio de la calificación de las cárceles públicas.

 

La mayoría tiene un promedio de 7.36 y aunque las dos cárceles bajo la responsabilidad de la Ciudad de México que tienen este tipo tienen mejor calificación que el promedio nacional de las estatales (6.21), aún están lejos de las condiciones óptimas en materia de derechos humanos.

 

Las empresas que tienen contratos de asociación público-privadas con el gobierno para administrar cárceles en nuestro país son: Ingenieros Civiles Asociados, Constructora y Edificadora GIA, Promotora Desarrolladora Mexicana, Homex Arendal, Grupo Carso y Grupo Financiero Interacciones.

 

 

carceles
Infografía: Xavier Rodríguez

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Sobre este tema, 24 HORAS consultó a Interacciones para saber si sus costos coinciden con los expuestos por la CNDH y a qué se debía que fueran diferentes al de los centros penitenciarios públicos. La respuesta fue que por secreto bancario estaban impedidos para dar la información de sus gastos, aunque sí aclaró que tradicionalmente son más altos debido a que tienen mejores instalaciones y una gestión operativa diferente.

 

“El costo de operación de los centros penitenciarios estatales ‘antiguos’ seguramente no incluyen el costo de inversión de capital. En el modelo de APPs Federales la contraprestación del Gobierno a los operadores cubre tanto el costo de inversión de capital como el costo de operación”, respondió Interacciones, encargada del Centro varonil de seguridad penitenciaria 1 CDMX.

 

Por otra parte, directivos de otra de las empresas dedicadas a la construcción y administración de cárceles, confirmaron que, efectivamente en este tipo de instalaciones, el costo del reo es mucho mayor que en una pública, pero aseguran que no son comparables, pues las empresas del ramo tienen que subsanar las fallas que se presenten, desde cubrir un grafiti, no permitir que las áreas verdes se sequen, además de que el número de reos que las autoridades les piden por celda, es menor.“Aquí no puede haber 10 o más reos por celda”, aseveró.

 

En lo que respecta al alimento, se tiene que cumplir con lo que se estableció en el contrato, mientras en las cárceles públicas, hay lugares en los que no se tiene control, si quiera sobre la calidad del alimento, señaló.

 

Cifra
566%
Es, aproximadamente, lo que cuesta mantener a un reo cada día en una cárcel privada ($1,000), comparada con el costo de una prisión del Estado ($150)

 

 

Frase:
“Las personas que están viviendo en prisión no debe ser vistas como un servicio, este tema está en la Constitución en el capítulo primero que habla de derechos humanos y  garantías, no podemos confundir derechos con servicios”
Ruth Villanueva
Tercera Visitadora de la CNDH
Administradas por empresas

 

Según el informe Privatización del sistema penitenciario en México, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, son ocho cárceles que se administran bajo este esquema, de las cuales seis son federales y dos están a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.