Recién comentaba en otro artículo que México se ha convertido en un verdadero circo. No solo por el espectáculo de incompetencia e ineptitud que nos brinda el actual gobierno día con día (solo hay que ver el número de homicidios dolosos y el precio de los combustibles para comprobarlo), sino por su concepción neopopulista de gobernar.
Bajo esta concepción, las difíciles decisiones de gobierno para propiciar un desarrollo sostenible en el largo plazo son pospuestas y relegadas en favor de medidas de corto plazo que privilegian un bienestar efímero (el pan) y una sensación de justicia (el circo) dirigidas principalmente a los más necesitados, los “animalitos” según la analogía hecha por el mismo presidente, a los que hay que darles de comer y cuidar. Pan y circo pues.
El objetivo es claramente político, no de desarrollo económico y social. En ese contexto hay que situar –como el mismo presidente lo reconoció– el memorándum que expidió y en el que instruye a la Secretaría de Hacienda, de Gobernación y de Educación Pública tomar las medidas necesarias para dejar sin efectos la reforma educativa impulsada en el sexenio anterior. En otras palabras, pide a sus secretarios de estado hacer caso omiso de lo que marca la ley y la Constitución de la República. Para él es un acto de justicia.
Lo grave del asunto es que la justicia queda a la simple y libre interpretación del presidente de la República, pasando por alto lo que marca la ley y la Constitución. Por ejemplo, si verdaderamente quisiera hacer justicia ¿por qué no consignar a los responsables de actos de corrupción en el sexenio anterior y en otros sexenios? ¿por qué dejar los hechos de corrupción en la total impunidad? Si la ley no es justa entonces hay que cambiarla, pero no pedir a sus subalternos que la violen y pasen por alto. ¿Dónde quedó eso de que por encima de la ley nada? ¿Era nada más retórica de campaña? Parece que sí. ¿O es una incongruencia más del actual gobierno? Cuando le conviene pide justicia y cuando no argumenta tener tareas más urgentes.
Nadie ha pedido que no se combata la injusticia o la corrupción, al contrario, se pide que se haga de manera urgente, pero conforme al marco legal. Si este es insuficiente que se cambie, pero que no se pida a los funcionarios públicos pasarlo por alto. Eso es sinónimo de aplicar la ley de jungla y de autoritarismo. El actual gobierno –en su obsesión por complacer al pueblo y a los “animalitos” y así pasar a la historia– no repara en ello y prefiere sacrificar el desarrollo nacional por una permanencia en el poder para enraizar su proyecto ideológico.
Como lo he comentado anteriormente, es solo cuestión de tiempo para que la economía empiece a sufrir las consecuencias de las absurdas e incongruentes decisiones tomadas hasta ahora. La desconfianza permea en el sector privado (por más que públicamente se diga lo contrario) y pronto veremos, para desgracia de nuestro país, los malos resultados. Justamente una de las causas de ello es la falta de Estado de Derecho en nuestro país, documentada a nivel internacional y comentada aquí mismo en mi entrega anterior, y ahora alentada desde el gobierno mismo.
Parece que para el gobierno el Estado de Derecho es un asunto “fifí” que no tiene nada que ver con la verdadera justicia, el crecimiento y el desarrollo. Así de salvajes concibe el gobierno a sus “animalitos”.