No es poca cosa lo que sucedió este pasado fin de semana en torno a la manifestación proselitista opositora identificada como la “marea rosa”.
Del lado de los organizadores es verdad que se quitaron la careta y las marchas de respaldo a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y a la defensa del Poder Judicial Federal derivaron en actos de las campañas opositoras.
También es cierto que con tiempo se notificó a los potenciales participantes cuál era el giro de la manifestación y lejos de contar con una menor asistencia respecto a las anteriores, ésta aumentó de forma muy importante.
Pero lo que hay que hacer notar es el comportamiento de la autoridad ante una manifestación ciudadana, garantizada por la Constitución, porque si algo ha caracterizado a este régimen, a nivel federal y local, es que no aplica la ley de manera pareja si se trata de simpatizantes o de opositores electorales.
Lo primero que se notó fue el rigor con el cual se decretó la contingencia ambiental en el Valle de México.
Cuando se hace una búsqueda de los datos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, lo primero que se nota es que lejos de presentar cierta autonomía, viven bajo el paraguas del sitio oficial del Gobierno federal y que en la portada el primer anuncio es una invitación para solicitar la Tarjeta Financiera del Bienestar, en plena veda electoral.
Se decretó la contingencia para el domingo de la marcha y a pesar de que, por la tarde, con la lluvia y el viento, había cambiado radicalmente el pronóstico de contaminación.
Sin embargo, lo mantuvieron. Tres marchas de la marea rosa, dos con la contingencia ambiental declarada, así las coincidencias.
El Zócalo amaneció sin bandera monumental, con vallas colocadas durante la madrugada, sin cumplir el acuerdo de reubicación temporal de los manifestantes de la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con los accesos a la plancha de la Constitución cerrados.
Pero a pesar de todos los intentos por entorpecer la manifestación esta fue un éxito y lo único que lograron fue acreditar que no hubo manera desde el poder de boicotear ese movimiento.
El miércoles de la próxima semana vamos a tener la comprobación del piso disparejo de la autoridad capitalina que actúa como cabeza de pandilla.
El cierre de campaña de la candidata presidencial oficialista no tendrá barreras, sí tendrá bandera, seguro que la CNTE será mucho más cooperativa, ni una sola calle cerrada y, por el contrario, todas las calles y avenidas que sean necesarias para estacionar los miles de camiones que lleven a los asistentes serán habilitadas.
Y claro, desde esa impunidad total de las mañanas, es prácticamente un hecho que habrá un llamado, nada velado, a participar en el acto proselitista.
Todo esto, más lo que hemos visto a lo largo de la campaña desde las más diversas instancias de gobierno, constituyen delitos electorales que las autoridades tanto del INE como del tribunal electoral deberían sancionar.
Pero, hasta ahora los árbitros y jueces de las elecciones han dejado mucho que desear y parecen cerrar los ojos ante las violaciones en campaña. Nada hace pensar que serán diferentes en el proceso postelectoral.
@campossuarez