A finales de 2020 y como consecuencia de la elaboración de un expediente amañado contra el secretario de la Defensa Nacional 2012-2018, el gobierno mexicano reformó la ley de seguridad nacional para establecer reglas muy estrictas de operación en México de la agencia antinarcóticos estadounidense: informar de agentes y de operaciones en territorio mexicano.
La denuncia estridente el miércoles en la noche de la directora de la DEA sobre el retraso de acreditaciones a agentes en México quiso ser un albazo de presión para evitar la obligación de identificar agentes y operaciones y seguir operando con impunidad, secrecía y desinformación en México.
La DEA es una de las veinte agencias que forman parte en Estados Unidos de la Comunidad de Inteligencia que es controlada por la Dirección de Inteligencia Nacional de la Casa Blanca y depende del Departamento de Justicia, aunque sus estándares de investigación e información suelen estar basados en información comprada, tergiversada, manipulada y tendenciosa.
La reforma legal mexicana de 2020 puso un hasta aquí a la autonomía de la agencia antinarcóticos estadounidense que se había saltado a todas las oficinas estadounidenses para arrestar al general Salvador Cienfuegos Zepeda en Los Angeles, pero basados en información que no cumplía con los parámetros de certeza legal.
La firmeza del presidente López Obrador al exigirle al Gobierno de Estados Unidos la liberación del alto mando militar mexicano llevó a que por primera vez en la historia la todopoderosa impunidad de la Casa Blanca dobló las manos y canceló el expediente porque, en efecto, estaba manipulado.
La DEA quiere seguir operando con armas de fuego no registradas, sin dar a conocer la identidad de sus agentes y sin informar sobre operaciones que de muchas maneras rompen equilibrios sociales y políticos en México.
La respuesta mexicana a la estridencia de la DEA fue directa: cumplan con las leyes mexicanas.
Zona Zero
- No hay datos certeros que puedan probar la hipótesis de que el crimen organizado va a decidir el proceso electoral de 2024, pero sí se acumulan indicios de que algunas bandas están influyendo en candidatos y electores para salir beneficiados con los resultados; lo que quieren los grupos delictivos es que los funcionarios electos no rompan con las áreas de control para actividades delictivas en espacios territoriales capturados por las bandas criminales.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
seguridadydefensamx@gmail.com
@carlosramirezh