Con todo y la injerencia gubernamental en el transcurso de este proceso electoral que culmina con las elecciones del 2 de junio, este camino que recorremos es parte de un ejercicio democrático, legal e institucional que va en sentido contrario de la visión autócrata del Presidente.
Las instituciones electorales, los ciudadanos y hasta las campañas políticas han respetado las reglas democráticas como es lo deseable. Todos, menos el propio Presidente.
Después de todo lo que hemos visto en este sexenio y en especial durante los últimos meses y semanas, ¿qué límites le faltan traspasar al presidente Andrés Manuel López Obrador? La respuesta es simple, los límites electorales.
Y no porque no los haya traspasado ya con la violación constante de las leyes en la materia que claramente le impiden intervenir como lo hace con todo el poder que le da su investidura como Presidente.
Algo deben estar viendo en el cuartel de campaña de Palacio que el propio López Obrador ha decidido elevar el nivel de respuesta autoritario y recurre, sin miramiento legal alguno, a exponer los datos personales de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, como una muestra de lo que este régimen hace con sus críticos.
López Obrador le llama “autoridad moral” a esa posibilidad que tiene de traspasar los límites legales sin sanción e incluso sin reclamo social. Esa patente de corso la aplica cada vez que algo que realmente desea no sale como él quiere, y si algo quiere López Obrador hoy es un resultado electoral que le resulte favorable.
Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) era independiente bajo la presidencia de Lorenzo Córdova un día sí y otro también el Presidente denostaba a ese organismo y lo castigaba con el presupuesto.
Bajo la conducción de Guadalupe Taddei, que como primer acto frente al INE acudió a Palacio Nacional a ver a López Obrador, esos ataques han cesado. Así que hay razones de sobra para monitorear el comportamiento del árbitro electoral durante esas horas cruciales entre el cierre de casillas y la publicación de resultados electorales.
En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el abogado constitucionalista José Elías Romero Apis recientemente dejó ver una de las posibles razones del régimen para dejar incompleto a ese organismo del Poder Judicial Federal.
Dice este abogado que para que el Tribunal Electoral pueda calificar la elección presidencial se requieren seis de los siete magistrados que deben componer ese órgano, pero el lopezobradorismo dejó solo con 5 integrantes a ese tribunal. Esa es la antesala de una crisis mayúscula.
Hay pues rendijas abiertas que se pueden subsanar con acuerdos políticos o bien se pueden utilizar para un ejercicio autoritario del poder en caso de un resultado adverso.
Pero, incluso si todo saliera conforme a los planes electorales de Palacio, es válido preguntar, a la luz de la forma desmedida en que ejerce ahora mismo el poder López Obrador, si realmente pretende irse a su rancho, no volver a aparecer públicamente y no levantar el teléfono rojo para dar instrucciones después del 1 de octubre cuando, dice la Constitución, López Obrador será expresidente de México.
@campossuarez