Mucho se ha comentado sobre las actitudes y decisiones tomadas recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en dos casos: el de María Amparo Casar y el de la madre buscadora Cecilia Flores.
En ambos temas, López Obrador se ha mostrado irascible fuera de toda la proporción que uno esperaría en un jefe de Estado.
Descalificó sin más a Cecilia Flores porque se atrevió a sugerir que había un crematorio clandestino en un cerro de Iztapalapa.
La acusó de estar al servicio del “conservadurismo’’ y después, para hacerle coro, el jefe de Gobierno Martí Bartes calificó el hallazgo como un “montaje frustrado’’.
Eso sí, después de eso, el Gobierno de la CDMX se apresuró a limpiar el lugar.
Lo de Amparo Casar es inédito, no solo por la forma en que se trató de desprestigiarla, sino porque el Presidente sabía que estaba cometiendo una ilegalidad al publicar todos los datos personales de la directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Y pese a las protestas y apoyo a la investigadora, ayer subió el expediente judicial del suicidio de su esposo, pese a que el INAI había anunciado el inicio de una investigación de oficio por la publicación de datos personales.
Lo bueno que lo suyo, lo suyo, no es la venganza.
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En lugar de andar buscando expedientes de críticos del gobierno, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, debería cumplir con lo que le ordenó el Poder Judicial para poner fin al conflicto que la propia empresa generó al no liquidar el adeudo que tiene con la empresa TRESE.
Aquí le hemos dado seguimiento a este conflicto que se derivó del rompimiento (a la mala) de la sociedad que se formó entre TRESE, Coastal Contracts y Sistemas Integrales de Compresión (Nuvoil) para la renta de una plataforma a Pemex.
El asunto data de 2016 y pese a que TRESE tiene a su favor las sentencias de un juez y un tribunal colegiado para que Pemex le pague el dinero que maliciosamente la empresa entregó a un juez que no debía conocer la causa, Romero Oropeza hace como que no ve.
En la Mañanera del viernes pasado, Romero Oropeza, abordó el tema con generalidades sesgadas y medias verdades.
Dijo que se “trataba de un pleito entre particulares’’, y que además tenía serias diferencias con Nuvoil y con Coastal Contracts, lo que resulta muy curioso pues en la práctica Pemex lidera la defensa de ambas empresas y les ha otorgado, en los dos últimos años, contratos por más de 2,500 millones de dólares.
El asunto es que, pese a que Pemex dice “que ya pagó’’, el tribunal colegiado que lleva el tema apercibió a la empresa a que, independientemente del pago que dice que hizo, liquide a TRESE el dinero que le debe.
Un doble pago que la empresa se habría ahorrado si el director estuviera al tanto de lo que ocurre con los proveedores en lugar de buscar complacer las revanchas presidenciales.
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Morena tiene en Daniel Serrano Palacios, candidato a presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, no solo a un enemigo que pone en riesgo la hegemonía del partido en ese municipio, sino también la votación a favor de la candidata presidencial morenista.
Serrano trae además un pleito personal con la candidata a diputada federal, Xóchilt Zagal, y el candidato a diputado local, Karim Carvallo.
Los grupos morenistas fuertes le han dado la espalda; las encuestas no favorecen a Serrano y éste amenaza con reventar la elección si no gana.
Ojalá la gobernadora Delfina Gómez volteé a ver lo que pasa en Cuautitlán Izcalli.
@adriantrejo