Según el documento dado a conocer este lunes, los querellantes piden a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Noboa por ordenar la intromisión en la misión mexicana en Quito, además por:
“La violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada mexicana, por la privación de la libertad y secuestro de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, asilado en la embajada, así como por las lesiones y detenciones ilegales que algunos de nuestros funcionarios sufrieron, así como por el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática”.
La denuncia de los litigantes se basa en que la FGR tiene competencia para conocer los hechos ocurridos el 5 de abril de 2024, ya que en el Código Federal Penal se consideran como delitos en territorio nacional los cometidos por mexicanos o extranjeros en embajadas y legaciones del país.
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La denuncia también es contra las fuerzas de seguridad de Ecuador por el allanamiento, así como Mónica Palencia, Ministra de Gobierno de Ecuador; sobre esta última para que haya un deslinde de responsabilidades en los hechos.
El procedimiento fue presentado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Asociación Cívica Mexicanos Unidos; y los doctores Raúl Armando Jiménez y Jaime Fernando Cárdenas, catedrático de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respectivamente.
Esta denuncia se suma a la presentada el 15 de abril, también ante la Fiscalía de la República, por el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña.
Ese día, el también vocero de la cantidad presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum presentó la queja por:
“El asalto a la Embajada (…) violentó la Ley de Asilo porque estaba ahí Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador que pidió asilo y le fue concedido (…) asaltaron la embajada, lo secuestraron, lo sacaron con violencia”.
La justificación de Fernández Noroña para su denuncia se basa en que, la legislación que imperaba en la misión en Quito era la mexicana por ello, el asalto a territorio nacional implicó el secuestro del exfuncionario ecuatoriano que estaba protegido por las leyes mexicanas, de ahí que solicitara al Fiscal Gertz Manero la detención y extradición de Daniel Noboa.
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El 5 de abril la Policía Ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito y arrestó al exvicepresidente Glas, acusado de presunta corrupción.
La decisión del gobierno de aquella nación llevo a la ruptura por parte de México, de las relaciones diplomáticas, además de que varias naciones del continente, incluidos EU y Canadá, así como países miembros y la Unión Europea, reprobaron la decisión de la administración de Noboa.