Si no es una cosa, es otra, pero al final, los trabajadores siempre resultamos fregados. Hoy el Gobierno sale con otra novedad que es, sin duda, otro golpe a los trabajadores: el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es una propuesta hecha por la bancada de Morena en época electoral, donde pretenden que la administración federal se quede con 6 mil millones de pesos provenientes de los ahorros de las afores de millones de trabajadores.

Resulta que el Gobierno prometió garantizar una pensión universal de 16 mil 767 pesos para los que se jubilen, pero nunca dijo de dónde sacaría los recursos, ya que para que esa promesa, calificada por muchos como populista, se cumpla, se requiere en una primera etapa de 60 mil millones de pesos.

Es por ello que los legisladores de Morena pretenden echar mano de los ahorros que llevan juntando los trabajadores desde 1997. Es dinero que ninguna administración se había atrevido, siquiera, a tocar o a plantear la probabilidad de ocuparlo y mucho menos a confiscar, ya que son recursos que no le pertenece al erario, sino que cada moneda de esos fondos tiene nombre y apellido.

Morena propone que las cuentas inactivas de la Afore de trabajadores de más de 70 años se ocupen en el Fondo para el Bienestar, y así cumplir con la pensión universal, pero lo grave es que quieren agarrar el dinero sin preguntar, sin indagar quiénes son los dueños de esos recursos, simplemente tomarlos porque los necesitan para cumplir con sus programas sociales. ¿Y dónde quedan los derechos de esos trabajadores?, ¿por qué el Gobierno va a decidir qué hacer con sus ahorros de décadas?

Ahora bien, los ahorros de los trabajadores de 70 años pasarían de manera automática a este fondo y aseguran que si quisieran reclamarlo podrían hacerlo, pero como todo, hay que enfrentarse a una serie de trámites innecesarios porque ese dinero simplemente, no debería ser reclamado sino entregado a los dueños.

Hay incertidumbre y preocupación en el sector obrero, ya que hasta hoy, se creía que las afores no podían ser tocadas por nadie, tenían un fin específico, por ello su administración estaba totalmente desligada del gobierno, pero ya vimos que no es así.

Tras este paso que seguramente darán, no podemos dejar de preguntarnos, ¿con qué seguirán? Y es una preocupación natural, ya que aunque quieran matizar y digan que lo hacen porque “Primero los pobres”, están apropiándose de dinero ajeno, violentando derechos de unos trabajadores para compensar a otros, tal como pasó con las utilidades.

Esta no es la primera vez que esta administración toma dinero para, según, cumplir con sus programas sociales, lo mismo hicieron con los Fideicomisos, entre ellos el Minero, no sabemos a dónde fue a parar ese recurso, lo que sí sabemos es que nuestras comunidades dejaron de recibir ese dinero.

La solución, siempre lo hemos dicho, no está en quitar a unos para dar a otros, lo que debe hacer el Gobierno, y no sólo este, sino todos, es generar las condiciones adecuadas para que se creen empleos bien remunerados, con prestaciones sociales que garanticen que al finalizar la vida laboral tengamos un respaldo económico para pasar una vejez digna.

Por otro lado, los derechos de los trabajadores deben ser respetados, la clase obrera debemos tener la certeza de que el gobierno no nos va a imponer supuestos beneficios disfrazados de disminución de ingresos o con letras chiquitas. De los diputados y senadores, de ellos, no hay nada bueno que esperar.

 

    @CarlosPavonC