AMLO - denuncia a Ecuador
Foto: Especial | Durante su conferencia mañanera, el presidente indicó que la denuncia contra Ecuador busca reforzar el derecho internacional.  

La denuncia en contra de Ecuador ante la Corte Penal Internacional (CPI) también busca reforzar el derecho internacional.

Esto, según palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que se busca, además de la no repetición de una irrupción en misiones diplomáticas:

“Denunciar el agravio a México (…) y reforzar el derecho internacional para que esto no vuelva a suceder”.

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De ahí que, según el argumento del Presidente, el planteamiento de México ante la Corte podría convertirse en “una tesis, una doctrina” hacia adelante.

Esto, porque el procedimiento interpuesto por el Gobierno ante el CPI -según el primer mandatario- que en casos como estos, la Corte suspenda transitoriamente los derechos del Estado o nación que lo realice, en tanto no haya disculpa y reparación del daño:

“Hacia adelante, el Estado/nación que haga esto, sea expulsado de Naciones Unidas, que lo resuelva el Tribunal de Justicia Internacional (…) que sea categórico”.

De tal suerte que, una vez que envíe su resolución a la ONU, se evite el veto del Consejo de Seguridad en hechos autoritarios, como el que considera que fue la decisión del Gobierno de Ecuador ante la misión mexicana.

Momentos antes, la canciller detalló que la denuncia ante la Corte busca que:

“Juzgar y declarar, que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano -judicial- adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión”.

Este sábado la Policía Ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito y arrestó al exvicepresidente Glas, acusado de presunta corrupción.

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La decisión del gobierno de aquella nación llevo a la ruptura -por parte de México- de las relaciones diplomáticas, además de que varias naciones del continente, incluidos EU y Canadá, así como países miembros y la Unión Europea, reprobaron la decisión de la administración de Noboa.