LUCHA. Las mujeres salieron a manifestarse a favor de la interrupción del embarazo durante una protesta Pro Choice en el Tribunal Federal de Tucson, tras el fallo de la Corte Suprema de EU, el 4 de julio de 2022.
Foto: AFP | LUCHA. Las mujeres salieron a manifestarse a favor de la interrupción del embarazo durante una protesta Pro Choice en el Tribunal Federal de Tucson, tras el fallo de la Corte Suprema de EU, el 4 de julio de 2022.  

Mientras existe un tenso escenario electoral de Estados Unidos, la Corte Suprema de Arizona restableció ayer una ley contra el aborto que data del siglo XIX y que prohíbe la interrupción del embarazo en casi cualquier circunstancia, en un nuevo avance en las restricciones al procedimiento. 

Para Gildardo López, académico de la Universidad Panamericana, esta ley establece “un escenario legal más restrictivo en cuanto al acceso al aborto” que surge de la revocación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema de EU hace casi dos años, al eliminar el derecho constitucional a nivel federal. 

“Esta sentencia plantea cuestiones significativas respecto a las libertades individuales, en particular en lo que concierne al derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Al imponer restricciones severas sin excepciones para casos de violación, incesto o inviabilidad fetal, la ley puede limitar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales”, explicó el experto para 24 HORAS. 

“Esto puede llevar a debates amplios sobre el equilibrio entre las regulaciones estatales y los derechos individuales a la privacidad y la autonomía personal”, agregó. 

El fallo del mayor tribunal de Arizona, cuyos siete magistrados fueron nominados por los republicanos, establece que con la decisión de 2022, el estado puede volver a este marco legal que es incluso más antiguo que el establecimiento de Arizona como estado.

La ley de 1864 prohíbe el aborto casi por completo, permitiendo el procedimiento únicamente cuando es necesario para salvar la vida de la madre, y establece penas de cárcel de entre dos a cinco años a quienes lo practiquen.

El fallo echa por tierra la legalización vigente que permitía la interrupción del embarazo en el estado hasta las 15 semanas. La Corte concedió un margen de catorce días para que la medida entre en vigencia.