Aseguró que esta situación vulnera la elección del 2 de junio próximo porque deja en desventaja a la oposición, ya que hay una narrativa construida por parte del oficialismo de que es un gran favor el que se les hace a los mexicanos
Foto: Cuartoscuro | Aseguró que esta situación vulnera la elección del 2 de junio próximo porque deja en desventaja a la oposición, ya que hay una narrativa construida por parte del oficialismo de que es un gran favor el que se les hace a los mexicanos  

Previo al inicio de las campañas para la elección más grande en la historia del país, el Gobierno federal anunció que ya estará dispersado casi el 50% del gasto para programas de Bienestar que se utilizará en todo 2024, lo que para especialistas y políticos tiene “tintes electorales”

Durante la conferencia Mañanera de este lunes, Carlos Torres Rosas, coordinador general de Programas para el Desarrollo, explicó que hasta el viernes pasado se habían entregado 313 mil millones de pesos.

Señaló que debido a que el próximo viernes arrancan las campañas para cargos federales, los apoyos de programas de Bienestar, correspondientes a los bimestre febrero-marzo y abril-mayo, deberán estar cubiertos antes de esa fecha.

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En total, indicó, este año se tienen contemplados 745 mil millones de pesos para gasto social, por lo que antes del viernes, dijo, se habrá entregado a la población prácticamente la mitad de ese monto, lo cual coincide con el inicio del proselitismo rumbo a la elección más grande en la historia del país, en la que estarán en juego más de 23 mil cargos.

“Para finales de mes habremos ejercido cerca del 50% del presupuesto total. En julio, una vez concluido el proceso electoral, se retomarán los pagos restantes”, aseveró.

Durante la conferencia se detalló que dichos recursos serán transferidos mediante el Banco del Bienestar, pues 26 millones de beneficiarios de programas sociales ya cuentan con la tarjeta de esa institución.

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Víctor Lamoyi Bocanegra,
director general del Banco del Bienestar, informó que el Ejército concluyó con la construcción de 2 mil 750 sucursales, con una inversión superior a los 15 mil millones de pesos.

En total, hay 3 mil 149 unidades de ese banco operando en el país, en las cuales trabajan más de nueve mil servidores públicos y que brindan hasta 500 mil servicios diarios cada una durante las jornadas de dispersión de pagos de programas.

El funcionario detalló que con esas cifras, el Banco de Bienestar se convierte en la institución financiera del país con más sucursales y cobertura geográfica en el país, cuyo enfoque principal será la entrega de los apoyos sociales, como las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y otros.

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Entre los beneficiarios de apoyos sociales se encuentran estudiantes de bachillerato, para quienes fue una grata sorpresa recibir su depósito de la beca Benito Juárez, pues algunos de ellos, los recién afiliados al padrón, recibieron el monto equivalente a 10 meses del apoyo, es decir 9 mil 200 pesos.

“Pues la verdad es que si es un gran respaldo tener dinero para comprar nuestras cosas, aunque no todos la invierten en cosas para la escuela, se van de fiesta o incluso se los quitan sus papás”, señaló Daniela, una de las beneficiarias y estudiante de la Prepa 3 de la UNAM.

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TINTE ELECTORAL

El académico de la Universidad La Salle, Marcos Pérez Esquer, consideró que la dispersión de la mitad del presupuesto social, previo a las campañas, tiene tintes electorales y busca influir en el electorado.

En entrevista con 24 HORAS, dijo que adelantan los pagos para cerrar una operación “de compra de voto implícito, es decir, durante meses le vinieron diciendo a la población que se los manda el Presidente, iban vestidos de tal manera que se confunden con operadores de Morena, eso lo vienen haciendo desde hace tiempo y ahora hacen mucho tiempo para cerrar una especie trato de que se lo deben a Morena”.

El Gobierno federal utiliza de manera facciosa los programas sociales y a los servidores de la nación para favorecer a los candidatos del partido oficial, señaló el analista.

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Recordó que entre los mismos contrincantes, denominados corcholatas, hubo acusaciones de uso ilegal de programas sociales, sin ninguna consecuencia y ahora que arrancan las campañas, expresó que las autoridades electorales están muy debilitadas como para investigar el uso ilícito de los recursos de Bienestar, lo cual, de comprobarse, se castigaría hasta con cárcel.

El reparto de miles de millones de pesos entre la población sí podría tener una influencia en la población: “Al recibir una gran cantidad de golpe a unos días de iniciar la campaña, la gente por supuesto que pondera eso a la hora de emitir su voto, insisto que puede ser una forma de compra de voto”.

Pérez Esquer acusó que existe opacidad en el manejo del presupuesto de Bienestar, por lo que llamó a que se auditen e investiguen probables irregularidades financieras, cuyos recursos pueden ser desviados a las campañas electorales.

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Senadores de oposición consideraron que los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía para Delitos Electorales (Fepade), deben atender las quejas que existen sobre el posible uso electoral que se está dando a los programas sociales.

De acuerdo con la senadora del PRI, Claudia Anaya el gobierno, por ley, tiene que hacer entregas adelantadas de los programas sociales porque no lo puede hacer durante el proceso electoral.

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“El problema yo no lo veo ahí, el problema yo lo veo en que hay spots de los partidos diciendo que los apoyos sociales son del Presidente, o que cuando los Servidores de la Nación entregan los programas sociales lo hacen con tendencia electoral, dando a entender que la gente debe continuar con la misma línea político partidaria si quiere que continúen los programas sociales”.

Señaló que hay muchas denuncias documentadas, incluso hechas por el morenista Marcelo Ebrard “respecto al uso electoral que le dan los servidores de la nación a los programas sociales y eso es lo malo e ilegal”, refirió.

 El senador del PAN Damián Zepeda destacó que si bien adelantar la entrega de recursos a programas sociales conlleva una buena intención de evitar un mal uso o manipulación, “se llega a un absurdo porque resulta ser que de golpe otorgar un apoyo anticipado y se genera precisamente el objetivo que supuestamente estás buscando evitar.”

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 Consideró que lo deseable sería que los programas sociales continúen otorgándole aún en temporada electoral, “pero que estuviera más que claro a través de promocionales del propio INE y del propio Gobierno que son programas institucionales, que no depende de quién esté gobernando sino que son un derecho constitucional”.

Consideró que tanto el INE como el Tribunal Electoral han sido omisos “y han estado demasiado laxos” para resolver las quejas por el mal uso de los programas sociales.

Para el coordinador de los diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Huacus, estos recursos entregados por el Gobierno federal a adultos mayores, estudiantes, campesinos, pescadores o personas discapacitadas no tienen un control específico.

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“Hay unas bolsas fantasmas en donde cobran personas ya difuntas o personas que no existen y esto es lo grave que tiene el reparto indiscriminado, no hay un control específico, no es un recurso plenamente auditable desde las dependencias que lo ejercen”, acusó el legislador.

Aseguró que esta situación vulnera la elección del 2 de junio próximo porque deja en desventaja a la oposición, ya que hay una narrativa construida por parte del oficialismo de que es un gran favor el que se les hace a los mexicanos con los apoyos que recibe de parte del Gobierno federal.