Más por la contaminación coyuntural del ecosistema político, el tema del narcotráfico en las elecciones está alcanzando nivel de preocupación, pero ninguna decisión política, de Estado o institucional.

Hay que partir del criterio de que las bandas delictivas -del narco y otras especialidades ilegales- no quieren ejercer el poder de manera directa, sino que buscan tener el control de las autoridades que toman decisiones locales y federales. Eso sí es muy preocupante y tampoco ha generado reacciones de Estado, sobre todo los narcos están tomando el control de las estructuras municipales y estatales de seguridad y en algunos casos a nivel federal.

A partir de la experiencia de 2021, las autoridades electorales tienen facultades para revisar con minuciosidad los perfiles de los candidatos para encontrar objeciones a figuras ya con reconocimiento público de relaciones peligrosas con la delincuencia. Pero hace tres años, el INE de Lorenzo Córdova Vianello y el Tribunal Electoral dejaron pasar todos los casos y hoy el país padece de los efectos negativos de esa irregularidad.

Ahora se está a tiempo para atajar figuras regionales que viven bajo la sospecha de relaciones con el crimen organizado, pero tampoco en esta ocasión ni el Gobierno federal ni las instituciones electorales parecen querer entrarle de manera directa al asunto.

Lo que se está observando a nivel regional es una fase de connivencia que beneficia a los delincuentes porque paraliza a las autoridades que tienen la función de combatir esas prácticas ilegales, y a nivel federal ha sido bastante criticable la falta de operación de la Guardia Nacional para combatir a los cárteles del crimen organizado.

Lo más grave del asunto es que los primeros interesados en atender las preocupaciones de seguridad son los partidos políticos, pero en las primeras listas de candidatos a posiciones legislativas y regionales hay personajes que la opinión pública sospecha de relaciones peligrosas con la delincuencia.

 

Zona Zero

  • Lo único que queda claro del peligroso perfil de alianza entre la política y la delincuencia es que el crimen organizado nunca ha podido ni podrá existir si no es con entendimientos, connivencias o relaciones orgánicas con las autoridades de los tres niveles de Gobierno. Mientras no se comience a combatir la inseguridad por la corresponsabilidad pública, la delincuencia seguirá operando con impunidad.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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