Los tiempos sociales de seguridad de finales de siglo a la fecha han mostrado una reorganización del poder criminal de cárteles y bandas delictivas respecto a su inserción en las diferentes zonas del país afectadas por la criminalidad.
Este dato es vital para entender la propuesta del presidente López Obrador, como ya se escribió aquí la semana pasada, de darle una mayor jerarquía de poder a la Guardia Nacional, evitando la percepción de que se trata de una organización civil, basada para bien o para mal en criterios civiles y la capacidad de fortalecimiento de las bandas delictivas.
Si la Guardia Nacional se lleva a estructura civil, entonces será una policía más y padecerá las limitaciones estratégicas respectivas. En cambio, la propuesta presidencial mantiene las partes sustanciales de la civilidad -derechos humanos, tribunales, reglas de combate-, pero la adscribe como parte de la fuerza armada nacional.
En los hechos y prácticas, las policías federales, estatales y municipales estaban consideradas en la estructura de seguridad pública de la República, pero faltaban mecanismos de interrelación y dependencia que ayudarán a la profesionalización policiaca con ayuda y supervisión de las estructuras militares.
Ninguna de las instituciones armadas de la República es considerada ya como fuerza represiva, sobre todo con el ejemplo del ciclo priista 1950-1982 en que policías y militares eran usados por los civiles para reprimir las exigencias democráticas de la sociedad. Todos los abusos policíacos y militares han sido castigados, inclusive en algunos casos hasta con mayor severidad con respecto a los presuntos delitos denunciados.
Mientras la sociedad política opositora busca atarle las manos a la Guardia Nacional, las organizaciones delictivas y criminales están escalando su capacitación y estructuración de fuego por encima de las policías estatales y municipales.
La Guardia Nacional debe entenderse en ese contexto.
Zona Zero
- De nueva cuenta se ha abierto el debate sobre el modelo presidencial de seguridad basado en el accionar de “abrazos, no balazos”, pero pocos se han hecho una pregunta: qué hubiera pasado si el gobierno federal hubiera lanzado una nueva guerra contra las bandas criminales, tomando en cuenta su capacidad de respuesta, después de los saldos de la guerra de Calderón. El saldo de homicidios dolosos responde más a pugnas entre grupos que a una represión social.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh