La crisis de seguridad pública en Ecuador está fortaleciendo las razones que se han esgrimido para enfocar el tema de la delincuencia organizada no como un asunto de incidencia común, sino como una captura criminal de estructuras de gobierno del Estado.
Grupos delictivos en Ecuador han tomado el control de cárceles para desde ahí operar actividades criminales que han dañado la estabilidad y, en ese contexto, el presidente Daniel Noboa tomó la decisión de utilizar a las fuerzas armadas por su experiencia y capacidad de disuasión para combatir a bandas de delincuentes.
Ecuador está mostrando los indicios que consolidan la doctrina de seguridad interior cuando las actividades criminales afectan la gobernabilidad democrática, la tranquilidad de la sociedad y la hegemonía del Estado, inclusive por estructuras delictivas que no necesariamente se dedican al narcotráfico, sino que utilizan la violencia para imponer el imperio de sus intereses.
La violencia de los Maras en El Salvador y ahora de las bandas delictivas en Ecuador han rebasado la capacidad de gestión de las fuerzas normales de seguridad pública -es decir: los policías-, en tanto que los delincuentes utilizan la fuerza para imponer sus propias leyes en territorios ocupados, corrompiendo a las autoridades civiles.
Las crisis en México, El Salvador, Colombia y ahora Ecuador revelan las justificaciones que explican por qué las fuerzas civiles de seguridad pública ya han sido rebasadas por el poder y las complicidades de las autoridades civiles y que sólo los principios y disciplinas militares son capaces de enfrentar la violencia de los grupos delictivos.
La militarización de la seguridad pública se ha asumido en términos de seguridad interior, es decir cuando se da la circunstancia en las que la inseguridad le mocha poder al Estado, controla las policías y hasta cobra impuestos en forma de derechos de piso; es decir, cuando el crimen se convierte en un mini Estado.
Zona Zero
- Malos datos revelan un inicio muy violento de la inseguridad en México, pero de nueva cuenta con indicios muy claros de que se trata de delitos de fuero común, es decir, que corresponden a las labores de las policías municipales y estatales y no tanto operaciones de la Guardia Nacional. Sólo en Guanajuato y Zacatecas se han realizado actos criminales que corresponden al fuero federal. Así que va siendo hora de que cada quien haga su chamba.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.