Un día después de la votación, en el Congreso local, en contra de la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó la iniciativa al código penal para combatir la corrupción inmobiliaria en la capital del país, la cual se castigará hasta con 20 años de cárcel.
“Con este artículo sancionamos al servidor público, y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones de corrupción inmobiliaria; este es el propósito de este artículo con independencia de otros delitos que se pudieran cometer, porque un servidor público que cometa delitos en materia de corrupción inmobiliaria puede ser acusado de enriquecimiento ilícito y de uso indebido de atribuciones”, explicó.
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Desde el Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino comentó que el objetivo de la iniciativa es poner un alto a la corrupción inmobiliaria, la cual está dañando el sano desarrollo urbano en la Ciudad de México, asimismo indicó que prevé la aprobación de esta reforma en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, la iniciativa creará el capítulo XV en el código penal, donde se establecerá el “delito de corrupción inmobiliaria”, comentó el jefe de Gobierno, Martí Batres, quien subrayó que la sanción de este delito será de 10 y hasta 20 años de cárcel, además que el castigo se agravará cuando el servidor público tenga beneficio económico o en especie.
“Se agravarán en una mitad más las penas, cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea efectivo o en especie, el propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad y hasta el cuarto grado; concubina, pareja permanente, adoptante o adoptado a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos – económicos”, concluyó.