Los republicanos decidieron proseguir el proceso de juicio político contra el secretario estadounidense de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la crisis migratoria en la frontera con México, un tema clave en la campaña para las presidenciales en Estados Unidos.
En diciembre, las autoridades estadounidenses interceptaron a diario a unos 10 mil migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera desde México, en lo que los republicanos consideran un desastre humanitario.
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Por el momento, la Casa Blanca no ha alcanzado un acuerdo con los congresistas de ambos partidos sobre estas negociaciones, centradas en robustecer las reglas para los solicitantes de asilo y ampliar las deportaciones aceleradas, pero ambas partes esperan tener una propuesta lista para la próxima semana.
Para un juicio político, o “impeachment” en inglés, se necesita llevar a cabo una investigación. Acto seguido, la Cámara de Representantes debate sobre ella en una o varias sesiones y decide si vota, por mayoría simple, los artículos de acusación con el detalle de los hechos que reprochan.
En este caso, la investigación concluyó en diciembre y en ella se acusa a Mayorkas de crear una emergencia de seguridad nacional. “Nuestra investigación dejó claro que la base de esta crisis es la toma de decisiones del secretario Mayorkas y su negativa a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”, estimó el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, en un comunicado.
Mayorkas sería el primer miembro del gabinete de gobierno en ser sometido a juicio político desde el secretario de guerra William Belknap en 1876. Requiere que una mayoría de la Cámara de Representantes, en la que los republicanos tienen una ajustadísima mayoría, vote que ha cometido “delitos y faltas graves”.
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Incluso en el caso de una acusación firme, el Senado debe pronunciarse y es altamente probable que Mayorkas fuera absuelto porque el Partido Demócrata del presidente Joe Biden tiene mayoría en la Cámara Alta del Congreso.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, un republicano de línea dura, sigue desafiando a Biden enviando miles de migrantes a ciudades del norte gobernadas por los demócratas. Los alcaldes de Nueva York, Denver y Chicago han presionado al presidente para que les aumente la asignación de recursos federales porque afirman haber llegado a un punto crítico.
Además, en diciembre, Abbott promulgó una ley que permite detener a los migrantes que entren de manera irregular en Texas. El gobierno de Biden contraatacó este miércoles presentando una demanda por considerarla “inconstitucional”.
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EAM