Los legisladores y la Suprema Corte de Justicia tendrán que hacer un gran esfuerzo de percepción sobre la iniciativa presidencial para mantener a la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se corre el riesgo de que se envíe a Gobernación o a la Secretaría de Seguridad y entonces no sea más que otra Policía Federal más.
Un dato mayor que deben racionalizar quienes vayan a decidir sobre el destino de la Guardia está a la vista: a pesar de contar con armamento suficiente, el tráfico de armas ha aumentado la capacidad de fuerza del crimen organizado y algunos de los operativos de la Guardia han tenido que solicitar el apoyo de la Sedena para enfrentar a la violencia delictiva.
La razón clave para mantener a la Guardia dentro de la Sedena se encuentra en la necesidad de contar con un cuerpo con disciplina y espíritu de seguridad que vaya más allá de cualquier policía: la mayoría del personal de la Guardia salió de los batallones militares y de la policía militar por contar con entrenamiento y espíritu de fuerza que sólo los militares tienen.
Las dos policías federales anteriores tuvieron que lidiar con la improvisación de su personal, acumulando los indicios de que todas las policías mexicanas han carecido de capacitación real no sólo para manejar armas, sino para aportar sacrificios personales en la lucha contra la inseguridad. En el servicio de seguridad se siguen arrastrando todavía las demandas laborales de policías que se olvidaron de la delincuencia y se dedicaron sólo a fortalecer las prestaciones laborales.
El funcionamiento actual de la Guardia Nacional ha sido posible por el perfil militar de sus cuadros, pero con la certeza de que están sirviendo a una ciudadanía afectada por el avance del crimen organizado, con los datos adicionales en el sentido de que los miembros de ese cuerpo de seguridad se ajustan a las reglas civiles.
Zona Zero
- Ya es la hora en que los análisis críticos sobre las cifras de seguridad vayan más allá de los dígitos y comiencen a evaluar las características de los delitos, porque la violencia delictiva ya no es solapada por las fuerzas de seguridad y las más de las veces tienen que ver por luchas territoriales entre diferentes bandas. Las autoridades están a tiempo de atacar el problema de las extorsiones y cobros de derecho de piso antes de que deriven en nuevos asentamientos criminales en zonas urbanas del Estado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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