Se queda la Ciudad de México sin Plan General de Desarrollo (PGD) y Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) hasta nuevo aviso, así lo determinó el jefe de Gobierno y las fracciones parlamentarias del Congreso local reconocieron la decisión.
A unas horas de que fueran aprobados sin dictamen de los diputados, bajo la figura de “afirmativa ficta”, Martí Batres determinó retirarlos con el argumento que no podría darse paso a elementos de planificación a largo plazo sin establecer candados y medidas que eviten la proliferación de la corrupción inmobiliaria.
“Vamos a retirar los planes, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, lo vamos a retirar, vamos a incorporar todo un capítulo de combate a la corrupción inmobiliaria, de combate al Cártel Inmobiliario para, una vez incorporado, vamos a enviarlo nuevamente al Congreso de la Ciudad de México”, explicó Batres.
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El diputado panista Ricardo Rubio, afirmó que “es bueno que lo haya retirado porque además eran documentos que iban a nacer muertos” debido a que la fecha de publicación de ambos instrumentos ya habían pasado, como lo estableció la máxima carta de la Ciudad de México.
Para ser aprobados tendrían que “haber reformado la constitución; sin embargo, apuntó, debido a los procesos electorales en curso el tema posiblemente quedará pendiente y será abordado por la próxima administración capitalina”, explicó.
El diputado Jorge Gaviño señaló que la aplicación de dicha figura es dejar al margen al Congreso y delegar una facultad constitucional, por lo que manifestó el apoyo a la determinación de retirar ambos instrumentos y hacer las adiciones sobre los temas de uso de suelo y legalidad para que “mande nuevamente los documentos ya revisados; (y) nosotros ejerceremos el derecho constitucional que tiene este Congreso de revisar los documentos”.
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Por su parte, el legislador Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, afirmó que fue una decisión importante, pues “posibilita que todas las voces sean escuchadas; estos planes, el Plan y el Programa deben ser instrumentos que respalde la amplia mayoría de las y de los ciudadanos en las que sus preocupaciones e inquietudes queden perfectamente atendidas”.
La diputada Martha Ávila manifestó el respaldo a la decisión y señaló que es una oportunidad para reforzar los temas de sustentabilidad hídrica en la ciudad y para robustecer mecanismos que impidan la corrupción inmobiliaria.
Mientras que el diputado Carlos Cervantes Godoy calificó de virtuosa la decisión, pues, señaló será satisfactoria para los pueblos indígenas y para los demás sectores que se vean involucrados quienes buscan preservar sus territorios.