El discurso político mediático suele moverse en el espacio del impacto declarativo: las acusaciones de militarización de la seguridad pública quieren olvidar el hecho de que la racionalidad civil es la que determina las decisiones: la Constitución, las leyes reglamentarias, el Presidente de la República, los gobernadores, las fiscalías, los legisladores de las dos cámaras y hasta los partidos son dirigidos por civiles.
La preponderancia de lo civil por encima de lo militar rige en las acciones del sector castrense en apoyo de la seguridad pública en función de programas definidos por los civiles. Los militares que han arribado a posiciones de seguridad no se motivan por su formación castrense, sino que están obligados a cumplir con la preponderancia civil.
La participación de los militares en labores de apoyo a la seguridad pública forma parte de un nuevo paradigma político: la seguridad interior, una síntesis de la seguridad nacional que blinda las fronteras de intervencionismos extranjeros y de la seguridad pública que ha sido rebasada en la estructura policiaca por las formas de operación del crimen organizado y de las bandas desorganizadas.
Los militares que participan de manera directa en labores de seguridad pública tienen acotadas y vigiladas sus funciones por la legislación civil y cualquier irregularidad se dirime en tribunales civiles, y hasta ahora ningún civil ha sido juzgado en tribunales militares, a pesar de que algunos delitos se procesen con criterios de seguridad nacional.
Las instituciones y las oposiciones se han desgastado en la discusión sobre la participación de militares en labores civiles, en lugar de estar promoviendo que el propio sector civil incremente la profesionalización de los cuerpos no castrenses de seguridad. La sociedad civil que habla de militarización tampoco ha contribuido a mejorar a las policías.
Zona Zero
- México ha cumplido compromisos bilaterales permitiendo actividades de seguridad de extranjeros en México y ha autorizado el armamento individual de estos agentes, pero como parte de acuerdos internacionales. Lo que queda por saber –si es que se puede– es que agentes mexicanos de seguridad tengan las mismas facilidades –movilidad, inteligencia y armas– en países cuyas bandas criminales tienen incidencia en territorio mexicano. Es decir, que militares y policías mexicanos realizan labores de investigación sobre todo en Estados Unidos.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh