La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la casa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ubicada en Lomas de Bezares,en la Ciudad de México, fue adquirida con recursos provenientes de lavado de dinero y no le será devuelta, pese al ordenamiento de una jueza federal.
En un comunicado, la Fiscalía aseveró que el criterio judicial aplicado por la jueza federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable, al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad.
Osorno Arroyo determinó que dicha legislación fue aprobada en 2019 y Lozoya adquirió la propiedad en 2012, por lo que podría recuperarla al no aplicarse. La FGR indicó que “es necesario recalcar que la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad”.
De acuerdo con la Fiscalía, esos “artículos y toda la Ley correspondiente, fueron convalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando revisó la totalidad de dicha Ley”, por lo cual interpondrá un recurso de apelación y se informará, sobre los alegatos que la FGR expondrá al respecto”.
Explicó que el “inmueble también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal diferente a éste, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
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Acusación
En septiembre pasado, la Fiscalía General de la República señaló a integrantes del Poder Judicial de la Federación por presuntamente favorecer al exdirector de Pemex.
Esto luego de que el pasado 23 de septiembre el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal determinó que se deberían desechar las pruebas bancarias presentadas por la FGR para el caso Odebrecht.
“Los jueces de distrito y magistrados federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio L”, respondió la Fiscalía días después de la resolución.
Los integrantes del Poder Judicial, indicó la FGR, han tomado decisiones “en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales”.