La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra que dejaron más de 50 muertos tras su llegada al poder hace un año.
“Informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis Alberto Otárola”, primer ministro, dijo Benavides en una declaración por televisión.
La acusación, que podría conducir a la destitución de la presidenta, se produce en momentos que la fiscal enfrenta graves cuestionamientos internos a su gestión con pedidos de renuncia hechos por altos magistrados del Ministerio Público.
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“No se debe permitir la muerte de ninguna peruana ni peruano, así como tampoco el abuso de poder”, agregó Benavides, quien además dijo que otros fiscales buscan desprestigiarla.
La denuncia contra Boluarte se activó luego que Benavides fuera acusado por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la Fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos. En ese contexto, Benavides ha dicho que no renunciará mientras la Junta Nacional de Justicia evalúa su permanencia en el cargo.
En su primera reacción pública, la presidenta peruana calificó la denuncia de “maniobra política” con la que “se pretende distraer una denuncia gravísima contra la propia fiscal” Benavides.
Boluarte manifestó su “extrañeza” de que la denuncia haya sido interpuesta “luego de que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detención del equipo (de asesores) de Benavides por presuntos actos de corrupción”. “Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad”, agregó.
La Fiscalía empezó la investigación contra Boluarte en enero por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. En septiembre, la gobernante compareció por tercera vez ante fiscales.
Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que puede durar hasta tres meses.
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Las manifestaciones antigubernamentales estallaron el 7 de diciembre, cuando Boluarte asumió la presidencia tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Las protestas se extendieron hasta marzo y murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, la ciudad en el sureste que fue epicentro de las movilizaciones.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de las víctimas fallecieron por impactos de bala disparados por las fuerzas militares enviadas a controlar las manifestaciones. Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
LEO