No hay uno solo de los proyectos faraónicos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador que haya salido conforme a lo planeado.
Y tiene toda la lógica que así sea porque ninguno partió de un análisis previo de las necesidades reales del país, sino de la concepción unipersonal de lo que convenía al propio López Obrador.
Así, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, que llevaba un avance de casi el 40%, derivó en una terminal aérea que tiene que vivir del subsidio gubernamental porque además de tener problemas de distribución del espacio aéreo, no tiene pasajeros dispuestos a ir tan lejos para tomar un avión.
La refinería de Dos Bocas, Tabasco, partió de un mal análisis del mercado. Pemex, como la empresa petrolera más endeudada del mundo, se debió recomponer hacia su actividad principal de exploración y explotación de petróleo crudo, la refinación ya no es un negocio rentable y esa refinería está muy lejos de los centros de consumo de gasolinas más importantes del país.
Eso sin contar que todo falló en la planeación y aparte de haber costado el triple, sigue lejos de entregar su primer barril de productos refinados para el mercado.
Y el Tren Maya, que además de su evidente acción ecocida, sobrecostos y retraso en la obra, garantiza que tendrá que vivir del subsidio gubernamental en la mayoría de sus tramos.
Y con todo y estas evidencias, el régimen lopezobradorista cuando no ha tenido suficiente con cargo al erario, reparte los costos con las empresas privadas.
Ante el evidente fracaso comercial del aeropuerto en Tizayuca, Estado de México, el régimen ha intentado obligar a las empresas privadas a usar esa central avionera. Muchas aerolíneas fueron obligadas a dar servicio desde el AIFA y muchas de sus rutas resultaron un fracaso. Le siguió obligar a las empresas de carga a mudarse a Santa Lucía. Y el remate fue estrangular el aeropuerto de la Ciudad de México a partir de enero para forzar su uso.
Muy a la mala se han retirado concesiones y permisos de importación y exploración a particulares para alimentar el monopolio petrolero de Pemex, el problema es que esa empresa no puede con el paquete.
Y ahora, después de que el gobierno ha experimentado en cabeza propia lo difícil que es establecer un tren de pasajeros que pueda ser viable, obliga a los concesionarios del transporte ferroviario de carga a establecer rutas de pasajeros, como si se tratara de un niño que pone un nuevo trenecito en las vías que le trajeron los Reyes Magos.
El propio Tren Maya tiene rutas que pueden resultar rentables, por estar en zonas turísticas, si se operan de forma profesional. Podría haber rutas comerciales de pasajeros que pudieran funcionar, si hay incentivos fiscales y una buena planeación, no solo un decreto presidencial.
Pero cuando la motivación es que la Revolución Mexicana se hizo en ferrocarril, por eso se publicó ayer el decreto, y con la amenaza de que, si los privados no pueden, los derechos de vía se traspasan al Ejército, queda claro que es una más de las ideas fallidas del sexenio.
@campossuarez