Un hombre mató a balazos a dos personas que participaban en el bloqueo de una ruta en una localidad ubicada 80 km al oeste de Ciudad de Panamá, en la tercera semana de protestas contra una compañía minera canadiense.
Estas son las primeras víctimas fatales que dejan las protestas iniciadas el 20 de octubre contra el contrato entre el gobierno y la compañía First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
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“La Policía Nacional aprehende a un adulto mayor presuntamente vinculado a un hecho donde dos personas pierden la vida registrado en el distrito de Chame”, indicó la institución en X.
A través de redes sociales circulan videos donde se ve a un hombre que bajó de un auto retenido en el bloqueo y disparó contra un manifestante en un punto de la Carretera Interamericana, que une a Panamá con el resto de Centroamérica.
La Policía publicó también una foto donde el detenido, con anteojos y camisa gris, identificado como Kenneth Darlington, de 77 años, aparece sentado y esposado de una mano a un tubo, aparentemente dentro de un cuartel o camión policial.
Laurentino Cortizo, presidente de Panamá, expresó sus condolencias “a las familias de los dos ciudadanos que perdieron la vida en un incidente registrado este martes en un sector de Panamá Oeste”.
“Se trata de un hecho que no tiene cabida en una sociedad llamada a ser solidaria como la nuestra”, agregó el mandatario en la red X, mientras varias marchas fueron convocadas para mañana contra la mina y en memoria de las dos víctimas.
Varias avenidas de la capital fueron cerradas por pequeños grupos de manifestantes, mientras permanecen bloqueados desde hace días diversos tramos de la ruta Interamericana, afectando el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles.
Para calmar el malestar ciudadano, el Congreso de Panamá aprobó la semana pasada una moratoria de la minería metálica y acordó dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el polémico contrato con FQM, que permite la operación por 40 años de la mina.
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Los ambientalistas quedaron satisfechos con la decisión del Congreso, pues consideran que en vez de que el contrato sea anulado por ley, debe ser la Corte la que lo declare inconstitucional para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
Pero el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, gremios de maestros y otras organizaciones insisten en que el contrato debe ser anulado por ley, por lo que continuaron con las protestas y los bloqueos de rutas.
CSAS