El grupo de diputados identificados con el ex canciller Marcelo Ebrard presentaron una propuesta para adicionar un artículo transitorio a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que una parte de excedentes petroleros vaya a la reconstrucción de Guerrero.
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En conferencia de prensa en San Lázaro indicaron que a estos recursos también se agregarán las economías que se tengan en el ejercicio del presupuesto.
El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) apuntó que estas propuestas ya fueron presentadas a su coordinador parlamentario junto con su respaldo a la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, “toda vez que concentra la inversión y programas sociales en las zonas y grupos con mayores carencias, al mismo tiempo que garantiza la conclusión de las obras de alto impacto regional”.
Indicó que también buscarán que se incluya la verificación de la evolución de las participaciones en el Ramo 28 ya que tiene un comportamiento real negativo pues su aparente crecimiento, al pasar de un billón 220 mil millones de pesos a un billón 267 mil millones de pesos, es menor a la inflación de 4.5% estimada para el siguiente año.
También, continuó, proponen recuperar el régimen transitorio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para que no se castigue la entrega de recursos a todos los municipios del país para equipamiento de tecnología, uniformes, armamento y vehículos.
Además, prosiguió el morenista, buscarán corregir el monto asignado al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ya que, según el informe de la situación económica, las finanzas y la deuda pública del segundo trimestre del 2023 se identificó que existen recursos subejercidos por 9 mil 923 millones de pesos, por lo que es responsable a reasignar ese mismo monto para 2024.
Expresó que apoyan la verificación “con lupa” el gasto en el Poder Judicial porque su crecimiento es de 9.3%, cuando la inflación estimada es de 4.5%.
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“Los gastos de las salas regionales deben analizarse para evitar gastos ofensivos, cuidando que no se afecten los derechos adquiridos por los trabajadores ni la operación del sistema de justicia”, dijo Antonio Altamirano.
RM