La oposición en la Cámara de Diputados no logró detener la desaparición de 13 Fideicomisos del Poder Judicial, que acusó afectará prestaciones adquiridas de 51 mil trabajadores; mientras que con este movimiento la mayoría de Morena y aliados aprobaron que el Gobierno Federal disponga de 15 mil millones de pesos extras, lo cual aún deberá ser avalado por el Senado de la República.
De nada valieron los argumentos, los paros de los trabajadores del Poder Judicial y las protestas afuera de la Cámara de Diputados; el oficialismo actuó contra fideicomisos que tienen que ver con la seguridad de los magistrados, jubilaciones, apoyos médicos, entre otros.
Por lo que la oposición advirtió que presentará una acción de inconstitucionalidad para revertir dicha desaparición… La cual deberá ser presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), parte fundamental del Poder Judicial.
“No hay que ser ingenuos, no hay ingenuidad, existen fuertes resistencias y fuertes intereses. Intentan confundir a la sociedad, desde la Presidencia de la SCJN se ha mentido, mal hace su `residencia en intentar defender sus privilegios y usar a los trabajadores del Poder Judicial como un escudo humano”, acusó el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, lo que ocasionó la protesta de los diputados del PAN.
Previamente, diputados de oposición presentaron seis mociones de suspensión al dictamen, mismas que fueron desechadas por la mayoría oficialista.
En el debate, la diputada del PRI Karla Ayala Villalobos argumentó que el fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces “es por seguridad” de quienes aplican la justicia, particularmente en entidades de alto riesgo.
El diputado priista José Francisco Yunes Zorrilla advirtió que el dictamen atenta contra el principio de división de poderes y acusó que el oficialismo quiere terminar con los instrumentos legales que garantizan prestaciones laborales en materia médica, de jubilación y de apoyo al servicio de la función de jueces, magistrados, secretarios, actuarios y trabajadores en general del Poder Judicial.
La senadora panista Karen González acusó a los morenistas de que “lo suyo, lo suyo, no es resolver; lo suyo, lo suyo, es distraer” y consideró que esta eliminación de fideicomisos, obedece a una “venganza contra el Poder Judicial, por no arrodillarse ante el Ejecutivo”.
Mientras que el emecista Salomón Chertorivski señaló que el recurso de los fideicomisos viene de colectas y donativos de los trabajadores del Poder Judicial y acusó que lo que está proponiendo el Ejecutivo es “la nacionalización de recursos privados. Lo que sigue es nacionalizar cuotas del Seguro Social y afores”, alertó.
Mientras que el bloque oficialista echó en cara a la diputada panista Margarita Zavala que durante el gobierno de Felipe Calderón, su esposo, se dejó a 44 mil trabajadores en la calle con la desaparición de Luz y Fuerza.
Después de gritos, descalificaciones y acusaciones, se aprobó adicionar un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el que se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia.
Y en el régimen transitorio señala que los órganos del Poder Judicial de la Federación que funjan como fideicomitentes “deberán coordinarse con las instituciones que funjan como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos que no se ajusten a lo que establece el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
Entre los fideicomisos eliminados están uno para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces por 76 millones 572 mil 294.30 pesos; y otro para pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados por 4 mil 722 millones 319 mil 850.50 pesos.
Además uno de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos, por 69 millones 075 mil 827.90 pesos; otro para el desarrollo de infraestructura para las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal, por 4 mil 308 millones 993 mil 045.30 pesos y uno de Pensiones complementarias por 832 millones 881 mil 665.60 pesos.
Los diputados emitieron 259 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención (del diputado Javier López Casarín, del PVEM) para aprobar el dictamen en lo general, mientras que se presentaron 69 reservas, por lo que al cierre de esta edición seguía la discusión en lo particular.
Liquidará Indep a trabajadores de Notimex
Por: Hugo Salvador
Ante la extinción de la Agencia Notimex, el proceso de liquidación de los trabajadores quedará a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), y la Secretaria de Gobernación establecerá las bases para el proceso de liquidación, de acuerdo con la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este martes a la Cámara de Diputados.
“El proceso de Liquidación de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, queda a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que fungirá como liquidador único del Gobierno Federal”.
El documento señala que el Indep deberá liquidar a los trabajadores según su salario integrado, comprender tres meses de sueldo por concepto de indemnización constitucional, veinte días de salario, más la cantidad que resulte de la prima de antigüedad a razón de doce días por año.
Busca AMLO baja definitiva a militares por mala conducta
Por: Rodrigo Cerezo
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso sancionar con baja definitiva del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana a elementos que presenten mala conducta en planteles educativos militares.
Lo anterior mediante un proyecto de decreto por el que se proponen adecuaciones al artículo 170 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y al artículo 36 de la ley de disciplina del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicana.
Entre las propuestas de modificaciones se plantea la rescisión del contrato de enganche o de su renovación para soldados y cabos, entre otros, del Sistema Educativo Militar, a quienes se les otorgará la garantía de audiencia dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su notificación.
“La presente iniciativa tiene por objeto procurar, preservar y garantizar el ejercicio de la disciplina (…) en caso de observar mala conducta y armonizar tal supuesto en la Ley”, se lee.
La propuesta de reforma plantea que el personal militar debe ser visto como ejemplo de buen comportamiento “para que el pueblo deposite su confianza en la institución y sea considerada como la salvaguarda de sus derechos”.
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