El caso de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa volverá a ocupar espacio en los medios si un juez concede, como lo está solicitando la Fiscalía General de la República, una orden de aprehensión en contra del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco.

El 22 de septiembre del año pasado, la FGR había solicitado 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios y militares que presuntamente habían participado, por acción u omisión, en la desaparición de los normalistas, entre los que se encontraban el propio Blanco, Leonardo Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad de Guerrero y Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Inexplicablemente, dos días después de haber solicitado las órdenes de aprehensión, la FGR se desistió y los exfuncionarios no volvieron a ser involucrados en los hechos.

Iñaki Blanco responsabilizó en ese momento al entonces fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, de actuar “de manera facciosa’’ y de utilizar los recursos que tenía a su cargo “para acusar a personas’’.

El exprocurador dijo que Gómez Trejo había tomado como base para acusarlos las declaraciones de Gildardo Gómez Estudillo, “El Gil’’, que se había dedicado a señalar sin fundamento a ciertas personas.

Algo debió pasar de ese 22 de septiembre del 2022 a la fecha para que la FGR volviera a posar los ojos en Iñaki Blanco.

Ya no es el testimonio de “El Gil’’, sobre el que se fundamente la petición de la orden de aprehensión, sino la de un testigo protegido denominado con el nombre de “Juan’’, y que acusa al exprocurador guerrerense de nexos con el grupo delincuencial “Guerreros Unidos’’, responsables de la desaparición de los normalistas.

Blanco se ha defendido de las acusaciones como las anteriores argumentando que, después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014, la dependencia a su cargo detuvo a 33 personas, entre ellos a los jefes de las policías municipales de Iguala y Cocula y a un personaje central en la trama, Francisco Salgado Valladares.

Sin embargo, en la nueva acusación, el testigo protegido “Juan’’ asegura que Iñaki Blanco pudo detener al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, durante los primeros días posteriores a la masacre y no lo hizo, lo que le permitió huir.

Se espera que de un momento a otro sea liberada la orden de aprehensión, si la Fiscalía no vuelve a recular.

Y parece que no lo hará esta vez, luego de que López Obrador, contrario a toda ley, dijo que él mismo encabezaba la investigación de lo ocurrido en Ayotzinapa.

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A partir de mañana martes, los trabajadores de juzgados y tribunales realizarán protestas en sus centros de trabajo en rechazo a la pretensión del gobierno y su partido, Morena, de desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman 15,000 millones de pesos.

El Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal A.C. y el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación firmaron un convenio para coordinar las protestas.

Los fideicomisos que quiere desaparecer el gobierno, vía sus diputados en San Lázaro, contemplan pago de pensiones y otros beneficios para los trabajadores en activo y extrabajadores, pero no afectan los sueldos ni salarios de los magistrados de la Suprema Corte, como era la intención.

Este martes podría subirse al pleno la discusión de la desaparición de estos fideicomisos si la oposición o si la propia Corte no pudieron convencer a los legisladores de Morena del daño que causarían al Poder Judicial.
Las protestas, por lo pronto, ya están.

LEG