Diputados de Morena y sus aliados avalaron en comisiones desaparecer más de 15 mil millones de pesos en fideicomisos del Poder Judicial, que, de aprobarse en el Pleno de San Lázaro, afectará las prestaciones médicas y pensiones complementarias de los trabajadores de la Corte, entre otros rubros.
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Esto pese a los votos en contra de la oposición en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que avaló el dictamen que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial y cuyo monto global se estima en 15 mil millones de pesos que tendrán que integrarse a la Tesorería de la Federación.
El 28 de agosto pasado, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, presentó el proyecto de Presupuesto 2024 para el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyo monto sería superior a los 84 mil millones de pesos.
Durante la presentación del presupuesto, la ministra presidenta aseveró que el Poder Judicial debe tener estabilidad financiera para realizar sus labores, por lo que “el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”.
El Poder Judicial ha sido blanco de críticas continuas por sus fideicomisos y por su proyecto de gasto por parte de la autoproclamada Cuarta Transformación, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado los altos salarios y privilegios, además de que defendió la facultad de la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto judicial.
De acuerdo con los estados financieros del Poder Judicial de la Federación, estos 15 mil millones de pesos están divididos en 6 mil 70 millones correspondientes a la Suprema Corte y 9 mil 176 millones al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En la Suprema Corte, para el Plan de Prestaciones Médicas de los trabajadores se tienen 141 millones de pesos, lo cual incluye a los empleados, cónyuges, concubinas, hijos hasta de 22 años cuando comprueben que estudian y no trabajen, así como a los padres de los funcionarios que acrediten su dependencia económica.
Otros dos instrumentos financieros, por 2 mil 890 millones y 810.2 millones de pesos, están catalogados para el pago de pensiones mensuales complementarias (a las otorgadas por el Issste) a los servidores públicos que se jubilen o retiren anticipadamente y que hayan laborado en la Corte, como personal operativo y mandos medios.
Además, 173.8 millones de pesos están constituidos en un fondo y provienen de recursos por la venta de publicaciones, discos compactos y otros proyectos, sin que existan mayores detalles.
Mientras que el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la lmpartición de Justicia de la SCJN tiene un saldo de 707.2 millones de pesos
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene un fideicomiso de 69 millones de pesos para apoyos médicos y económicos complementarios para trabajadores del Poder Judicial, excepto de la Suprema Corte.
Otros 4 mil 722 millones de pesos están etiquetados como fideicomiso para las pensiones complementarias de jueces y magistrados federales pensionados.
A su vez, hay 76.5 millones de pesos para el mantenimiento de casas de jueces y magistrados federales en funciones, y otros 4 mil 308 millones de pesos están guardados para el desarrollo de infraestructura.
Debate
Durante la discusión de ayer, la oposición reclamó que la Comisión de Presupuesto no debió ser a la que se le turnara la iniciativa para elaborar el dictamen, pues ésta no reforma ninguna ley referente a presupuesto, ya que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
“Nosotros advertimos que esta iniciativa no contiene alguna disposición que modifique un ordenamiento jurídico que abarque la competencia de la comisión que integramos, alguna modificación a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no vemos una modificación a la Ley de Austeridad, en su caso a la Ley de Disciplina Financiera, vamos, una modificación de carácter presupuestal en esta iniciativa.
“Lo que nosotros consideramos es que el turno de origen está mal y está comisión, a través de usted presidente, tiene la facultad de solicitar la declinación correspondiente y pedir que se rectifique el turno”, expresó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).
La diputada Carolina Viggiano apuntó que la iniciativa debió ser enviada a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para opinión.
Por parte de Movimiento Ciudadano, la diputada Mirza Flores reclamó que no existe una opinión técnica del por qué deben desaparecer los fideicomisos y cuál es beneficio para el país.
“Lamentamos que esta forma tan atropellada de legislar, nos va a traer como consecuencia que desde una institución como es la Corte, vuelvan a decidir y nos corrijan la plana”, señaló Flores.
Sin embargo, el presidente de la Comisión, Erasmo González (Morena), descartó declinar la competencia y argumentó que el plazo para solicitar verificación de turno ya había vencido.
El diputado Hamlet García (Morena) citó un análisis de la organización México Evalúa en la que determina cómo se conformó el “cochinito dorado” del Poder Judicial.
“Resulta que hay una estrategia del Poder Judicial de la Federación por generar subejercicios permanentes y depositar sus remanentes a manera de ahorro, como dice la Auditoría Superior de la Federación en estos fideicomisos”.
Por su parte, la diputada Karen Michel González (PAN) reclamó a Morena la autonomía e independencia de los legisladores, pues creen que se está en una monarquía.
“¿Y cómo se agrada a un rey? Pues dándole más y más poder, y esto es lo que están intentado hacer con esta iniciativa, porque con todo respeto, son muy obvios y básicos, esta iniciativa es para continuar con el debilitamiento del sistema democrático y el equilibrio de poderes.
“Ahora van por los fideicomisos del Poder Judicial para entregarlos a la Tesorería de la Federación y esto es claramente una venganza, porque este Poder no se ha arrodillado ante su rey”, apuntó.
Al final, Hamlet García solicitó que se dejara, entre la declaratoria de publicidad del dictamen (que se espera ocurra este miércoles) y la discusión en el Pleno, por lo menos 24 horas para que la oposición “tenga la oportunidad de leer y releer esta pena de muerte a los privilegios del Poder Judicial de la Federación”.
Chocan Corte y Ejecutivo por Coahuila
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que el ministro Arturo Zaldívar será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia sobre la controversia constitucional interpuesta por Coahuila en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos.
La Corte indicó que “conforme a los procedimientos establecidos por ley y mediante acuerdo del 5 de septiembre de 2023, se turnaron a la Primera Sala los recursos de reclamación derivados de la controversia constitucional 412/2023, presentada por el Gobierno del Estado de Coahuila”.
Este martes, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió un requerimiento a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para que explique un supuesto retraso en la discusión del caso de la distribución de libros de texto en aquella entidad.
En respuesta, la SCJN indicó que el pasado 5 de octubre “la presidencia de la Primera Sala tomó conocimiento del asunto y lo remitió a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al cual se le turnó el expediente electrónico el pasado 9 de octubre y quien designó como secretario
proyectista a Marat Paredes Montiel, con fundamento en el artículo 53 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La Corte aseveró que los recursos de reclamación (342/2023-CA y 346/2023-CA) fueron asignados a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales.
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