Entre forcejeos con magistrados, la fiscalía de Guatemala incautó este sábado las actas de las pasadas elecciones en el allanamiento del tribunal electoral, un operativo rechazado por la comunidad internacional.
“Nosotros no somos garantes ya de ningún acta. Se llevaron todas las cajas con todos los resultados”, dijo a periodistas la magistrada Blanca Alfaro tras minutos de tensión en la allanada sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el centro capitalino.
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Alfaro y otros magistrados opuestos a la extracción de los documentos forcejearon y discutieron con varios policías y fiscales en el momento que los oficiales sacaron las cajas con las actas, de acuerdo con una transmisión por Facebook hecha por el TSE.
El magistrado Gabriel Aguilera indicó que las actas incautadas corresponden a las elecciones de junio en las que el socialdemócrata Bernardo Arévalo dio la sorpresa al avanzar al balotaje presidencial que ganó en agosto.
El allanamiento comenzó el viernes como respuesta a denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral, según el fiscal Rafael Curruchiche, a cargo de la operación.
“Se alista un golpe de Estado”
Las acciones de la fiscalía han sido denunciadas por Arévalo como un “golpe de Estado en curso” para evitar que asuma el próximo 14 de enero.
“Las imágenes que vimos hoy, magistrados agredidos y el secuestro de la voluntad popular son un ejemplo de la violencia que están ejerciendo los golpistas sobre el pueblo”, indicó Arévalo este sábado en la red social X (antes Twitter).
En una conferencia de prensa, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, dijo no dudar de que “el objetivo” de “funcionarios sediciosos” detrás de los allanamientos “es la anulación de los resultados electorales”.
Decenas de manifestantes con pancartas acompañaron a Herrera y diputados electos del partido Semilla en el tribunal y luego a la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia de justicia del país.
En el lugar, Herrera presentó un memorial para que el órgano frene las acciones de la fiscalía al argumentar que “lleva adelante un golpe en contra de la democracia”.
La denuncia de un posible rompimiento constitucional fue apoyada este sábado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder”, indicó el gobernante izquierdista en la red X.
“En el territorio americano no se debe dar un golpe de estado más, ni una burla más al mandato popular. La fiscalía de Guatemala es el instrumento del golpe”, fustigó Petro.
EU: “Exigiremos rendición de cuentas”
Los magistrados habían pedido a la corte constitucional otorgarles un amparo para evitar el secuestro de las actas originales, al considerarlo “una violación al sistema democrático” debido a que son los únicos facultados “para custodiar” los documentos electorales.
También calificaron el allanamiento, el cuarto que se realiza en sedes del TSE, como un “acto intimidatorio” para poner en duda los resultados.
Sin embargo, este sábado el ente constitucional remitió ese y otros pedidos a la Corte Suprema y otras salas inferiores.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, escribió el viernes en X que su gobierno exigirá “rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo” tras rechazar el operativo de la fiscalía.
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“Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, dijo el funcionario estadounidense.
También el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó “con toda firmeza” el “inaceptable allanamiento” al TSE. “El asedio a la democracia no puede continuar”, escribió este sábado en X .
En tanto, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos señaló el viernes que las acciones contra el tribunal electoral “constituyen un ejemplo vergonzoso para el hemisferio”.
Las acciones de Curruchiche son respaldadas por la fiscal general, Consuelo Porras, y los allanamientos han sido autorizados por el juez Fredy Orellana. Los tres son considerados por Washington como “corruptos” y “antidemocráticos”.
EAM