Foto: Cuartoscuro / El crimen organizado usa los artefactos voladores para agredir con bombas. Michoacán, una de las zonas donde más se usan  

Tras los ataques del crimen organizado con drones cargados con bombas, la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados ve viable la iniciativa del Ejecutivo federal que sanciona el uso de estos aparatos aéreos con explosivos con penas de 10 a 20 años de prisión.

La propuesta busca modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El propósito es reformar 10 artículos de ambas legislaciones para establecer agravantes a los delitos cometidos contra las personas o sus bienes mediante el uso de drones.

El diputado Ricardo Villarreal (PAN), presidente de la Comisión, expresó que el tema es importante, ya que atiende una realidad tecnológica, que en muchas ocasiones no es utilizada con fines benéficos para la sociedad.

Recalcó que esta reforma regula el uso indebido de drones, los cuales han sido utilizados para labores de inteligencia, pero también para ataques armados y terrorismo perpetrados por la delincuencia organizada y narcotráfico.

El legislador agradeció que la opinión emitida por la Comisión no haya recibido votos en contra, lo cual muestra que a pesar de las diferencias entre partidos pueden ponerse de acuerdo cuando son temas que atentan contra la seguridad del país y su población.

Al respecto, la diputada Margarita Zavala (PAN) mencionó que debido a la materia que trata con esta iniciativa, la Comisión de Defensa Nacional debió ser la dictaminadora.

Sin embargo, destacó la importancia de esta reforma evitará que los drones sean utilizados para atentar contra las autoridades y la población en general.

El diputado Francisco Huacus (PRD) agregó que el dictamen permitirá hacer frente a lo que ha ocurrido recientemente cuando por medio de estos aparatos no tripulados se atacó la integridad de cuerpos de seguridad y de ciudadanos.

La diputada Juanita Guerra (Morena) puntualizó que en 2019 el número de drones registrados en el país alcanzó la cifra de dos mil 140 unidades, un incremento de más de 2,000% en comparación al 2016.

LEG