En medio de la insistencia de que el saludo del presidente López Obrador a la mamá de Joaquín Guzmán Loera representaba una complicidad, contra todo pronóstico México apresuró la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo, quien estaba encargado de la línea de producción y exportación de fentanilo a Estados Unidos.
Ahora le toca al Gobierno de EU completar la jugada: no sólo juzgar con severidad al capo menor y condenarlo de por vida, sino tomar la decisión en la Casa Blanca de perseguir a los narcos locales que reciben la droga contrabandeada, la distribuyen con impunidad en los 50 estados americanos y dejan en libertad al consumidor para crear el círculo vicioso de que la demanda determina la oferta.
Y peor aún: la decisión estadounidense de no detener el consumo ha llevado a que de manera local se use el fentanilo para mezclas con drogas locales —usadas por veterinarios— para crear la nueva droga trans que se conoce como zombi.
El periódico New York Post ha revelado que el uso de ese nuevo estupefaciente local ha creado verdaderas zonas públicas —Manhattan, Los Angeles, San Diego, Filadelfia, entre otras— donde los consumidores deambulan como zombies e inclusive con las jeringas colgando de los brazos.
El Chapo como proveedor de cocaína está preso de por vida en EU, el secretario mexicano de seguridad Pública del Gobierno de Calderón también está preso y ahora llega no sólo quien es hijo de El Chapo sino el responsable del ¡fentanilo!, pero el consumo de drogas en Estados Unidos sigue creciendo.
Por razones de cultura jurídica, las drogas en territorio estadounidense se castigan de manera parcial: el ciudadano tiene el derecho de drogarse, aunque a veces se penaliza la distribución y venta. Pero el caso es que hay más de 30 millones de adictos en EU que necesitan droga y los consumidores son los responsables de los Chapos, los García Luna y los Ovidio, y de poco servirá el arresto de los responsables de producción y distribución porque la demanda de droga por adictos determina la producción de estupefaciente.
Zona Zero
La encuesta de victimización del Inegi sigue revelando que las fuerzas federales de seguridad —Ejército, Guardia Nacional y Marina— cuentan con altos índices de aceptación y apoyo, pero también muestran que la criminalidad sigue latente por razones de fuero común: autoridades locales que no cumplen con sus funciones de perseguir delincuentes y que, inclusive, son quienes controlan a las pequeñas bandas. Gobernadores y alcaldes le siguen debiendo resultados a la ciudadanía.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh