La última Encuesta Nacional de Victimización del Inegi vuelve a registrar uno de los problemas más graves en materia de inseguridad: la cifra negra o porcentaje de delitos que no se denuncian. Y aunque no se aventura ninguna explicación, se puede concluir que la sociedad tiene miedo ante la falta de certeza de que sus denuncias la protegerán y la desconfianza en el sistema de Justicia que sigue beneficiando a los criminales.

Aunque la cifra en este sexenio bajó de 93.2% en 2018, a 92.4% en 2022, de todos modos queda la prueba de que menos de 8% de los delitos son denunciados. Y sí buena parte de éstos tiene que ver con actividades delictivas que requieren mayor capacidad operativa por parte de las autoridades, es la hora en que el aparato de Justicia sigue sin preocuparse por el ciudadano individual.

Los delitos de extorsión y fraude atienden casos minúsculos individuales, pero es importante registrar que el robo en la calle, transporte público y casa habitación y el secuestro carecen de respuesta por parte del aparato de Justicia a nivel de fuero local, pero son actividades delictivas que determinan el alto grado de desconfianza social en las autoridades.

Otro dato de la encuesta también es muy revelador: 60% de los ciudadanos señaló a la inseguridad como el problema número uno en su vida cotidiana y 19.8% de las personas encuestadas denunció como preocupación número ocho la “falta de castigo a delincuentes”, otro dato que ayudaría a explicar la cifra negra de delitos no denunciados ante las autoridades porque el afectado siente la seguridad de que nada hacen a favor de los afectados.

En 2022, sólo se denunció 7.6% del total de los delitos cometidos y no se trata de una delincuencia menor porque en ese mismo año ocurrieron 26.8 millones de delitos y hubo 21.1 millones de víctimas mayores de 18 años.

Zona Zero

  • El modelo de “código rojo” que ilustra situaciones de emergencia en casos de inseguridad está ya en una dinámica fuera de control por la escasa capacidad de respuesta de las autoridades ante actividades delictivas que han sido producto, en su mayor parte, de la disputa de territorios de control por parte del crimen organizado en sus diferentes niveles. La violencia por parte de los delincuentes está llevando a poblaciones en zonas afectadas a abandonar sus hogares ante la falta de acción gubernamental.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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