México: Tierra y ¿Libertad? es el título del nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. ¿El leitmotiv? Que el derecho a la protesta ha sido sometido a un proceso de criminalización “utilizada como parte de una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
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Pese a la amplitud del informe, pone especial atención en cuatro casos, “que agrupan a 12 personas que fueron criminalizadas por protestas pacíficamente en el contexto de defensa de tierra, territorio y medio ambiente en México y cuyos procesos judiciales seguían abiertos al momento de la documentación”. Los casos que componen el informe son:
- Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas;
- Zacatepec, donde Miguel y Alejandro, comunicadores y defensores nahuas “protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad industrial Huejotzingo, Puebla”;
- Chilón, Chiapas, caso en el que César y José Luis, defensores tseltales, “fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio; y
- Sitilpech, Yucatán, en el que pobladores de esa comunidad “se oponen a las actividades de una mega granja porcícola en su territorio por la contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud que genera”.
Si bien el tema central del informe es la criminalización de la protesta, “se tocan transversalmente otros temas de derechos humanos, como derechos de Pueblos Indígenas y a un medio ambiente sano”. Sin embargo, el análisis hecho por AI “no pretende ser exhaustivo y profundizar en la probable violación de estos derechos, sino brindar elementos relacionados con la criminalización y el efecto que tienen en la misma”.
Sin protesta no hay defensa
“A través de las protestas se ha logrado el reconocimiento de derechos, así como su incorporación y garantía a nivel nacional y estatal”, apunta el informe. Es el derecho a la protesta lo que le otorga a las personas el poder de ejercer “su autonomía y expresar sus exigencias”. Es decir, al tiempo que es “un instrumento que permite denunciar abusos y violaciones a los derechos humanos”, logra “el reconocimiento de otros derechos”.
Asimismo, se habla acerca del derecho humano a un ambiente sano, mismo que fue reconocido “tras la adopción de las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos en 2021 y [la] Asamblea General de Derechos Humanos en 2022”. En este tenor, las personas defensoras del medio ambiente “juegan un papel crucial” en esta lucha por la crisis ambiental-planetaria. Su riesgo es mortal, pues en su lucha se oponen a “proyectos de mitigación y adaptación climática adoptados en violación de derechos humanos”.
Si bien el Atlas para la Justicia Ambiental tiene abiertos más de 206 casos de conflictos ambientales, bastaron cuatro casos en particular para intentar desdibujar la criminalización de la protesta, lo que significa e implica esta lucha por los derechos, los conflictos sociales provocados por estas batallas contra el poder, la vulneración sistemática para con las personas defensoras que muchas veces es provocada no sólo por la estructura de poder, sino también generada desde las altas esferas del poder ejecutivo.
“La protesta suele realizarse cuando los derechos de las personas han sido violentados, especialmente, los derechos a la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado, así como a las evaluaciones de impacto ambiental han sido violentadas. Asimismo, las personas generalmente buscan previa o paralelamente vías legales que han resultado ineficaces para exigir sus derechos”, apunta el informe. “Amnistía Internacional pudo constatar que la criminalización de la protesta por tierra, territorio y medio ambiente tiene impactos tanto individuales como colectivos”.