La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que se entreguen las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que lideraron las obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
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Durante la sesión de este jueves, los ministros confirmaron la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (IMAI), luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) clasificara sus expedientes como de seguridad nacional.
La Suprema Corte determinó que “los elementos del Ejército, en su carácter de servidores públicos, están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas”.
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La impugnación fue a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, pero esa instancia no demostró que difundir la información del patrimonio de los militares que construyeron el AIFA represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional
El Pleno de la Corte calificó como infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promovido por el Gobierno federal.
La Consejería Jurídica buscaba que se mantuvieran reservada la información y se cancelara el ordenamiento del Inai para que la Secretaría de la Función Pública entregue la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares residentes de obra en el AIFA.
De acuerdo con la resolución, los militares son servidores públicos y están sujetos al régimen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que están obligados a la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses, las que deberán hacerse públicas.
La Consejería no aportó pruebas directas o indirectas para demostrar que entregar dichos documentos representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio a la seguridad nacional.
Dicha información permitirá conocer la evolución patrimonial de 23 ingenieros militares, sin que se demostrara que ello pondría en peligro la coordinación interinstitucional en todo el país,
Una de las justificaciones del Ejército es que los ingenieros militares, en el futuro, podrían ejercer el mando de una unidad operativa, por lo que conocer sus datos patrimoniales pondría en riesgo la seguridad nacional.
PGR