La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, obtuvo una suspensión definitiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros altos funcionarios dejen de mencionarla desde las conferencias Mañaneras.
Sin embargo, de acuerdo al análisis de un especialista, si el Presidente no cumple con la ley y continúa atacandola, difícilmente podrá ser sancionado.
El juicio de amparo fue admitido bajo la causa 1179/2023 en julio pasado y tiene como responsables al mandatario nacional; el titular de la Vocería del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas; Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, y al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez.
La suspensión definitiva, cuya copia posee este diario, fue dictada por el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, el pasado 11 de agosto y ordena a esos funcionarios dejar de mencionar a la senadora Gálvez y eliminar toda la publicación en su contra, por violaciones al artículo 16 constitucionales, así como evitar entregar información fiscal personal y de sus empresas, si no es conforme a la legislación aplicable.
La Ley Federal de Amparo contempla sanciones desde multas hasta penas de tres a nueve años de prisión a las autoridades que “no obedezcan un auto de suspensión debidamente notificado” o se resistan a dar cumplimiento a los mandatos judiciales en un juicio de amparo.
Respecto al régimen legal para sancionar al Presidente, en febrero de 2021 entró en vigor la reforma por la que se elimina el fuero para el titular del Ejecutivo en turno, por lo que se le tendría que denunciar ante el Senado que “resolverá con base en la legislación penal aplicable”.
Por su parte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal comenzó la defensa de los funcionarios denunciados por Xóchitl Gálvez e interpuso un recurso de revisión, bajo el expediente 338/2023 ante el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Sin embargo, en caso de que el presidente López Obrador no acate la suspensión definitiva otorgada por un juez federal a Xóchitl Gálvez, difícilmente podrá ser sancionado.
Y es que a pesar de que el artículo 108 constitucional establece que el Presidente de la República “podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”, en los hechos todo recaé en una decisión política y no judicial.
De acuerdo con el abogado constitucionalista y consultor en asuntos públicos, Marcos Perafán Gómez, “el incumplimiento de una sentencia de amparo, o de cualquier otro juicio constitucional como las acciones y controversias, es un delito. Sin embargo, eso de que `podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana´ es una trampa porque la traba procesal sigue existiendo: su responsabilidad penal se desahoga en el Congreso de la Unión y no ante el Ministerio Público o el juez de lo Penal o ante un juez de Control”.
Detalló que a pesar de que el Presidente puede ser sujeto de responsabilidad penal, “por cualquier delito”, como el desacatar una sentencia de amparo, “el camino para hacerlo es el del juicio político. La Cámara de Diputados acusa y el Senado resuelve con base en la legislación penal. Es decir, el Senado es el que dictaría una sentencia condenatoria y/o privativa de libertad”.
Ayer, Xóchitl Gálvez celebró la suspensión definitiva otorgada por un juez federal para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador no pueda hablar de ella ni dar a conocer su información personal o financiera.
“Hoy acaban de ratificar la suspensión definitiva del amparo que interpuse donde el Presidente no puede hacer pública ninguna información sobre mi persona y sobre ningún mexicano”, dijo.
LEG