Activistas, expertos en seguridad pública, dirigentes y diputados locales de oposición coincidieron en que los siete cambios de titular y encargados de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública de Tlaxcala, en los dos años de la administración de Lorena Cuéllar, sólo han beneficiado a la delincuencia en ese estado.
Además, reclamaron la cerrazón que ha tenido la mandataria estatal para reconocer el creciente problema de inseguridad.
Alertaron sobre una manipulación burocrática como estrategia para evitar la apertura de carpetas de investigación, lo que se refleja en una aparente disminución de delitos.
El especialista en temas de seguridad nacional de la Universidad La Salle, Alejandro Martínez Serrano, señaló que a quién le conviene que no haya una estabilidad en la estructura de la administración pública en materia de seguridad es definitivamente a los grupos criminales.
“Luego entonces, si tenemos esa inestabilidad, pues la delincuencia va a operar con mayor impunidad de la que ya existe en un estado donde hay inestabilidad en los cuerpos de seguridad pública.
“¿Y quién es el responsable de esta inestabilidad en la dirección y conducción de las instituciones de seguridad pública? Pues la gobernadora”, expresó el experto.
Parecería, continuó, que hay desinterés por parte de la gobernadora para encontrar el perfil idóneo que atienda las políticas públicas en materia de criminalidad, de lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad pública en Tlaxcala.
Martínez Serrano criticó que una de las más importantes demandas de la población en el país, como es la seguridad, haya tenido en este estado un manejo tan irresponsable por parte de Cuéllar.
VICIOS EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA: CHARREZ
La activista Yeny Charrez, quien encabeza las colectivas Mujeres con Poder y Exigimos Justicia, se incorporó al equipo de trabajo de Cuéllar al inicio de la administración como directora del Centro de Justicia, pero explicó que renunció al darse cuenta de los múltiples vicios que impiden la impartición de justicia en la entidad.
Recordó que fue invitada por su trayectoria en la sociedad civil, pero durante el tiempo que laboró como funcionaria se percató del porqué no hay justicia en Tlaxcala.
“Tengo las dos visiones de estar dentro y estar fuera y comprobé que el asunto es una falta de voluntad grandísima en el tema de seguridad”, expresó Charrez.
Relató que a finales de 2022, acudió a Tenancingo para capacitar a la Policía municipal y se encontró con únicamente 19 elementos y el director de la corporación repartidos en dos turnos, cuando esta localidad es conocida internacionalmente por el delito de trata de personas.
Estar dentro de la estructura gubernamental, abundó la activista, le permitió ver el tamaño de irregularidades que se cometen en uno de los delitos con el que más de identifica al estado: la trata de personas.
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ESCONDEN LA TRATA: ACTIVISTA
“Empecé a darme cuenta de que no toman las denuncias e inducen a las víctimas a no presentarlas porque nadie quiere saber del tema de trata y es mejor decir que no existe, como lo ha hecho la gobernadora, diciendo que no hay un solo caso en Tlaxcala.
“La inseguridad es latente, tan es así que hay desapariciones de mujeres jóvenes que no sabemos dónde están; en la marcha estuvieron familiares que tienen a una hija desaparecida desde hace ocho días, pero tenemos una lista larga de personas”, aseveró Charrez, sobre la marcha en protesta por la inseguridad en el estado realizada el miércoles pasado.
Incluso, continuó, en los feminicidios se han mencionado nombres que pudieran estar ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La activista acusó que las autoridades judiciales, al no lograr que los ciudadanos desistan de denunciar un delito, en apariencia aceptan levantar un acta pero se valen de una treta burocrática que evita que el dato ingrese a la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“El nuevo sistema te dice que es carpeta de investigación cuando acudes a denunciar, entonces ahora le ponen las siglas ‘AI’ al inicio que significan ‘atención inmediata’ y con eso, que además no recibe atención inmediata, ya no se registran en la plataforma nacional (…) Por ejemplo, una chica desaparece y tiene la ‘AI’ y dicen: ‘No la vamos a mover como carpeta de investigación todavía porque a lo mejor aparecen en dos o tres días y solo si aparece muerta entonces habrá una carpeta de investigación’”, lamentó.
LEGISLADORES PIDEN DIÁLOGO
Avasallados por el oficialismo de Morena en el Gobierno estatal y en el Poder Legislativo, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, Manuel Cambrón; la diputada local del Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Águila, y la presidenta estatal de Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez, condenaron por separado la cerrazón de la gobernadora Lorena Cuéllar.
El perredista destacó que en Tlaxcala, desde la llegada de la morenista, comenzaron a ocurrir hechos violentos ajenos a la cotidianidad de la entidad.
“Cuerpos embolsados, narcomantas, cuerpos calcinados y la respuesta de la Procuraduría, que no Fiscalía, porque sigue perteneciendo al Ejecutivo, es que las bandas delictivas de los estados vecinos vienen a tirar los cuerpos, pero nunca hay explicación de quiénes son o las motivaciones de los criminales”, reclamó Cambrón.
Recordó que desde la llegada del primer secretario de Seguridad de esta administración, Alfredo Álvarez Valenzuela, expuso que no había una estrategia de seguridad y la violencia se estaba saliendo de control, “tan es así, que ya van siete secretarios con éste, cuatro titulares y tres encargados de despacho, lo que confirma que no hay una estrategia clara y (la gobernadora) está inventando sobre la marcha”.
Comentó que investigaciones periodísticas han dado cuenta de la existencia de hechos delictivos que no son registrados por las autoridades.
Agregó que la violencia en Tlaxcala se incrementó hace dos años, comenzó en los municipios de la periferia, pero se ha extendido hasta llegar al centro del estado.
La panista Miriam Martínez consideró que la estrategia de seguridad pública de Cuéllar ha sido fallida desde el inicio de su administración.
“El problema se ha agudizado; sabemos que la inseguridad es nacional, pero cuando se trabaja de manera coordinada, con estrategia, con titulares que conozcan el estado, esto puede ir disminuyendo”, dijo la panista.
Martínez agregó que, con la llegada del séptimo titular de Seguridad, Alberto Perea Marrufo, ya no pueden dar el beneficio de la duda, ni tiempo para que haya resultados.
Incluso, consideró que la designación del nuevo funcionario, a horas de que se realizara una marcha de protesta contra el Gobierno estatal, fue con la intención de desacreditar la movilización, pues una de las principales quejas era la ausencia de un encargado de la seguridad pública.
SEGURIDAD, TALÓN DE AQUILÉS DE CUÉLLAR: PRI
Para la diputada local del PRI Blanca Águila Lima, Tlaxcala ya es un estado fallido y la seguridad pública el talón de Aquiles de la gobernadora.
Condenó que por todos los medios posibles se trata de imponer la narrativa de la erradicación del delito de trata de personas, cuando en realidad lo que se ha hecho es un subregistro de los hechos.
“Se pasó de 40 a 60 los municipios donde se comete este delito, que es delincuencia organizada, han aparecido comandos armados con más de nueve personas con armas largas, ejecuciones a plena luz de día, aparecen personas muertas con tiro de gracia, maniatados, encobijados, mujeres desaparecidas y lo que tenemos es una negación de lo que está existiendo”, dijo.
La legisladora priista reclamó a la gobernadora que haya hecho “oídos sordos” a las exigencias de la ciudadanía, mientras que su secretario de Gobierno ha sido totalmente rebasado.
Águila Lima abundó que existen versiones de que el anterior secretario de Seguridad “dejó dicho que no tuvo condiciones para trabajar, que no fue autorizado para enfrentar (al crimen)”.