La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) criticó que legisladores de Oposición interpusieran una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Minera.
Lo anterior, a través de un comunicado en el que señala que:
“Es cuestionable que los legisladores de oposición que suscriben la acción de inconstitucionalidad se opongan a que la Ley de Minería garantice la realización de este tipo de consultas a la población indígena, así como al pago que deben realizar los concesionarios a las comunidades por el uso de sus tierras y aguas”.
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En el documento, la Consejería destaca que legisladores de oposición en la Cámara de Diputados buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de concesiones para minería y agua (ahora denominada Ley de Minería), el cual otorga distintos beneficios a la población en general y, en específico, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Además califica de “cuestionable” que la Oposición que suscriben dicha acción se opongan a que la Ley de Minería garantice las consultas a la población indígena sobre el establecimiento de una explotación minera, así como el pago por parte de los concesionarios a las comunidades por el uso de sus tierras y aguas.
Por ello, es que -a saber de la CJEF-: “La pretensión de invalidar esta reforma solo responde a los intereses económicos privados y no al beneficio colectivo de las comunidades”.
Esto, porque -según indica la dependencia en su informe a la acción de inconstitucionalidad 129/2023- con la expedición de la Ley de Minería, ahora debe realizarseconsulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas para obtener suconsentimiento en el otorgamiento de concesiones mineras.
Por ello acusó que la impugnación responde a intereses económicos privados y no al beneficio colectivo de las comunidades.
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Y destacó que la Ley aprobada por el Legislastivo -a iniciativa del Presidente- regula el otorgamiento, la supervisión y la terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería, con el objeto de salvaguardar los derechos fundamentales al medio ambiente sano, a la salud y al agua de la población, así como la preservación de los recursos naturales de la nación.
PGR